Se creará una Comisión para la Memoria Histórica y las asociaciones memorialistas podrán opinar a través de un experto en futuras licitaciones para exhumar a represaliados
El alcalde de Córdoba, José María belio (PP), ha explicado hoy que el proceso para retirar la declaración municipal de hijo preclaro y predilecto de Córdoba de la tumba del general golpista Ciriaco Cascajo en el cementerio de Nuestra Señora de La Salud está pendiente de que un organismo específico de la Junta de Andalucía da el visto bueno al Ayuntamiento para poder hacerlo.
“Nosotros hemos culminado ya nuestra parte del expediente y estamos hablando con la Junta para que nos diga si efectivamente eliminamos de la lápida su homenaje”, ha señalado el regidor cordobés, para añadir que el “expediente está al día y cuando ese organismo se posiciones actuaremos en el marco de los que nos digan”.
Estas declaraciones han sido realizadas en el marco de la firma esta mañana en el Ayuntamiento de una adenda al convenio a cuatro bandas -Gobierno central, Junta, Diputación y Consistorio- para recuperar e identificar a los represaliados del franquismo en la capital, c on la intención de seguir con esta labor.
Por cierto que los generales golpistas José Varela Iglesias y Gonzalo Queipo de Llano y el coronel Sáez de Buruaga siguen siendo hijos adoptivos de Córdoba.
En cuanto a la posibilidad de colocar una placa en memoria del capitán Manuel Tarazona en la futura Casa de la Solidaridad, como solicitaron en su día sus familiares, Bellido ha indicado que “atenderemos en los próximos días ese expediente para poder llevarlo a cabo”. Tarazona fue fusilado por las tropas golpistas el 13 de agosto de 1936 en el Cuartel de Lepanto, por defender la legalidad vigente de la República, a pesar de que ideológicamente estaba más próximo a los sublevados.
El alcalde, igualmente ha señalado que la Oficina de Atención a las Víctimas, que coordina la empresa adjudicataria de las exhumaciones en San Rafael y La Salud y cuenta con unas dependencias municipales para trabajar, tendrá más adelante a personal del Ayuntamiento para su funcionamiento, “pero, a día de hoy, tenemos unas limitaciones que nos impide contratar a gente nueva” por lo que habrá que esperar a un nuevo proceso de contratación pública.
Finalmente, ha reconocido que existe “descontento” por parte de las asociaciones memorialistas sobre la metodología de trabajo de esa adjudicataria, ya que consideran que trabajamos con lentitud. Bellido, en este sentido, ha asegurado que la empresa “está haciendo un trabajo con una metodología muy meticulosa que puede favorecer futuras identificaciones y cotejos de ADN, pero es cierto que eso sacrifica el ritmo”, aunque en opinión del Ayuntamiento la adjudicataria “cumple con el objeto de la contratación”.
No obstante, y visto lo visto, de cara a nuevos instrumentos futuros para continuar el proceso, el regidor ha dicho que se les dará más protagonismo a las asociaciones, de modo que se va a constituir una Comisión de Memoria Democrática, que está coordinando el concejal Miguel Ruiz Madruga (PP), que “aportará aspectos al nuevo proceso de contratación en un futuro”. Esa novedad es que a la valoración subjetiva de las ofertas que se presenten a próximas licitaciones en este sentido se le añadirá “la participación de un experto no municipal, designado por las asociaciones memorialistas, para que se queden tranquilos con el trabajo de las futuras empresas adjudicatarias”.
Labor ingente
Por su parte, la consejera de Cultura y Deportes, Patricia Del Pozo (PP), presente en la firma, ha destacado que el compromiso que hay en esta materia por parte del Gobierno de la Junta es “inquebrantable”, compartido con el resto de administraciones participantes, lo que ha permitido que “nunca antes se habían llevado a cabo tantos trabajos de exhumación y de identificación genética como se están llevando a cabo en Andalucía en los últimos seis años; ni nunca antes hubo tanta colaboración institucional y tanta concienciación de lo que la sociedad tiene que hacer”.
Pero es una labor que viene de lejos, desde finales de 2018 y principios de 2029, con la llegada del PP a la Junta. Desde esa época hasta ahora “se han localizado 19 fosas en Andalucía, y se están interviniendo en siete u ocho, algunas terminadas otras identificándose, más todo lo que está entrando a través de los municipios que actúan con su propio presupuesto”.
Además, ha recordado que todas las identificaciones genéticas de Andalucía van al Banco de Granada, con quien la Junta tiene un convenio y es el órgano más especializado de Andalucía, por lo que se ha invertido allí en nueva maquinaria para ir mas rápido, pero cada cotejo de cada víctima requiere de tres pruebas diferentes y muchas veces hay que repetirlas o, incluso, hay veces que es imposible extraer y usar el ADN.
La consejera ha señalado, además, que el primer plan cuatrienal de memoria democrática ha finalizado ya y ahora “estamos a punto de presentar el segundo en el Parlamento, que ya está perfilado”. Se hará cuando se acabe de renovar a los vocales de la Memoria Democrática. Del Pozo ha indicado que el presupuesto no ha variado y en estos primeros años se priorizó en localizar, exhumar e identificar cadáveres, mientras que en el plan nuevo se van a añadir novedades en materia de lugares de memoria, señalización de esos lugares o eliminación de símbolos.
“Desde 2019 hemos depositado en Granada 3.166 cuerpos con su ADN”, ha indicado a modo de resumen, y ha avanzado que para futuros convenios con la Administración central su idea es centrarse en las provincias de Jaén y Granada.
