El régimen anuló los derechos de la Segunda República y construyó un modelo de mujer sometida al hogar
La educación, la moral y la ley funcionaron para controlar, castigar y corregir a las que se desviaran del ideal franquista
La represión a las mujeres durante el franquismo: 40 años de tutela, castigo y silencio impuestoDurante la dictadura franquista, las mujeres sufrieron una represión que atravesó todos los ámbitos de la vida. El régimen derogó los avances conseguidos durante la Segunda República e impuso —con la colaboración activa de la Iglesia— una nueva moralidad que definía el papel femenino desde una estricta visión conservadora.
“La figura femenina idealizada era la de eterna compañera del hombre, siempre disponible y relegada a las tareas domésticas”, asegura la investigadora y profesora María Rosón.
Las leyes acompañaron esa regresión. El Fuero del Trabajo de 1938 tuvo un impacto negativo en los derechos laborales de las mujeres. Se ordenó que abandonaran sus trabajos en las fábricas y en los talleres para dedicarse al hogar, fomentando un modelo de familia liderada por el hombre.
“Las mujeres dependían del hombre para todo”
“Las mujeres dependían del hombre para todo. Las casadas necesitaban un permiso para abrir una cuenta, viajar o acceder a un empleo”, señala Rosón. Para realizar cualquier gestión, como comprarse un piso o sacarse el carné de conducir, necesitaban la autorización de su marido, la llamada licencia marital.
El objetivo vital de las mujeres debía ser formar una familia. Tanto era así que existían certámenes que premiaban a los matrimonios con más hijos, mientras que la maternidad en solitario era estigmatizada por los propios profesionales sanitarios, que la describían como moralmente cuestionable o incluso patológica.
El régimen construyó un entramado institucional destinado a moldear y disciplinar a las mujeres. La Sección Femenina de la Falange, dirigida por Pilar Primo de Rivera, hija de Miguel Primo de Rivera, era el pilar central de ese adoctrinamiento.
Las mujeres solteras de entre 17 y 35 años debían realizar el Servicio Social Obligatorio donde se impartían cursos de cocina, corte y confección. Allí les enseñaban las tareas domésticas, consideradas por el régimen como “deberes patrióticos”. Solo tras completar estos programas, las mujeres podían acceder a un título académico oficial o a un trabajo remunerado.
El Patronato de Protección a la Mujer
Las que desobedecían, se manifestaban, fumaban o simplemente eran hijas de personas consideradas delincuentes, podían acabar en los internados del Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia.
La superviviente Consuelo García del Cid ingresó en uno de estos centros con 16 años sin explicación alguna. “Un día entraron en mi habitación, el médico de cabecera de toda la vida y mi madre”. “Me dicen: ‘Te vamos a poner una vacuna para la gripe’. No recuerdo más que una aguja en mi brazo. Me desperté en una habitación que no conocía de nada y, cuando vi por la ventana que todas las matrículas de los coches empezaban por M, fue cuando me di cuenta de que me habían traído a Madrid”, recuerda Consuelo, que describe los internados como “cárceles para menores en manos de congregaciones religiosas“.
“No habíamos cometido ningún delito, nos tenían todo el día rezando, trabajando y fregando. Nos tenían aisladas unas de las otras. No podíamos recibir cartas y las visitas estaban vigiladas”, denuncia.
En un contexto en el que expresar dudas o problemas podía suponer un riesgo, muchas mujeres acudían al consultorio radiofónico de Elena Francis. Enviaban al programa de entretenimiento cartas anónimas en busca de apoyo emocional, pero el régimen aprovechó el espacio para transmitir sus valores.
Después se descubrió que todo era una farsa. Las respuestas a esas cartas eran escritas por distintos guionistas y Elena Francis era un personaje que realmente no existía.
A mediados de los años 70, la igualdad jurídica empezaba a entrar en el debate político. Pero no fue hasta finales de 1975, después de la muerte de Franco, cuando entró en vigor la Ley 14/1975, que suprimió la licencia marital y otorgó plena capacidad jurídica a la mujer casada.
Hoy, medio siglo después, la memoria sigue viva gracias a las mujeres que, como Consuelo, prometieron contar lo ocurrido para que el país no olvidara. “Les juré que, aunque pasaran 40 años, yo sería escritora y el país entero se enteraría de lo que nos han hecho”, señala.
Su relato, y el de tantas otras mujeres invisibilizadas por el franquismo, permitió que España avanzara hacia la igualdad que hoy se sigue construyendo.
