Las víctimas saharahuis: “Pudimos enterrar a nuestros familiares (con dni de España) pero nos faltaba la justicia”

El juez Ruz ha imputado a once militares y altos cargos marroquíes por, entre otros, un delito de genocidio por los crímenes contra refugiados del Sáhara Occidental entre 1975 y 1992

Mahmud sufrió la pérdida de tres familiares: “Los culpables de la muerte de mi padre, de mi hermano y de miles de saharauis tendrán que responder”

Varios de los responsables imputados por el magistrado de la Audiencia Nacional siguen en puestos de poder en Marruecos, como Driss Sbai y Brahim Ben Sami

Eldiario.es/ Gabriela Sánchez / Elena González  /09/04/2015 – 20:59h

Mahmud estaba arreglando el fregadero de su casa en Ciudad Real cuando recibió la noticia. Quiere colgar rápido el teléfono para llamar a su familia. Para contactar desde España con los campamentos de refugiados saharauis y contarles que han dado un paso más hacia la justicia. “Qué alegría… Por nosotros, y por todos los familiares de las víctimas de desapariciones. Los culpables de la muerte de mi padre, de mi hermano y de miles de saharauis tendrán que responder”, dice a eldiario.es una de las víctimas del ataque contra los saharauis que declaró ante el juez Ruz por el asesinato de sus familiares el 12 de febrero de 1976.

“Aquel día mis hermanas no dejaron de ver pasar convoyes de militares marroquíes. Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde”. Él recuerda poco de aquellos días porque era un crío de 3 años, pero le han contado mil veces la historia: que su padre, su hermano y su primo salieron a pastorear el ganado y no volvieron más. Que se oyeron 17 disparos y a alguien gritando “por favor, no nos maten”. Que nunca tuvieron nada que ver con el Frente Polisario: “Estábamos en una guerra, pero mi padre no entendía de política. Era un nómada que pastoreaba su ganado”.

Este jueves, el magistrado de la Audiencia Nacional  ha propuesto juzgar a once altos cargos y militares marroquíes a los que imputa, entre otros, un delito de genocidio por los crímenes que se cometieron contra refugiados del Sáhara Occidental entre los años 1975 y 1992.

Las violaciones de derechos humanos que se denuncian se sitúan a partir de 1975, después de que España abandonara su provincia número 53 tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid y se iniciara la Marcha Verde a través de la cual Marruecos ocupó el Sáhara Occidental.

Durante los dos primeros años el Frente Polisario inició una guerra de guerrillas contra las tropas marroquíes y las mauritanas, pero Mauritania acabó renunciando a sus pretensiones y firmó la paz con el Polisario en 1979. En 1980, Marruecos inició la construcción del muro de 2.700 kilómetros que divide el territorio de norte a sur y lo sembró de minas.

En los años siguientes, continuaron, según el auto de Ruz, los bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas de origen saharaui “con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sáhara Occidental”.

“Tras escuchar mi testimonio, el juez me dijo: ‘Ojalá nos dejen trabajar después de la reforma de la justicia universal’. Gracias a Dios que se siguió con el caso”, recuerda sobrecogido Mahmud Salme minutos después de conocer la noticia.

El juez señala como “hecho fundamental” en la investigación de esta causa el hallazgo en febrero de 2013 de dos fosas comunes en Amgala en las que  aparecieron ocho cadáveres que “han sido plenamente identificados por el ADN”, así como los testimonios de varios testigos y víctimas que “incriminan” a los procesados.

Los cuerpos del padre, el hermano y el primo de Mahmud se encontraban entre los restos citados por Ruz. “Cuando se descubrieron las fosas sentimos un primer alivio. Cuando nos dieron los resultados de ADN me sentí muy satisfecho; hemos podido recuperar los restos de nuestros seres queridos y hemos podido enterrarles”.

“Están muy cerca de donde los encontraron, a sólo 700 metros del muro”. Una placa de cerámica con sus nombres –Selma Daf, Bachir Selma Daf y Sidi Salik Mohamed Salen-Ahmed– y una inscripción, ‘En recuerdo de los mártires ejecutados’, es el testimonio que queda de aquel 12 de febrero. Mahmud ya ha ido a visitarles dos veces y las dos veces “le he pedido a Dios que les bendiga”. Pero algo queda pendiente: “Sentimos un gran alivio, pero nos faltaba la justicia”. “Que los responsables sean juzgados por los crímenes demostrados por la investigación forense o, al menos, que no puedan volver a disfrutar de una playa o de una buena comida”.

La investigación de los 8 cadáveres

El hallazgo corrió a cargo de un equipo de investigación forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Instituto sobre el Desarrollo y la Cooperación Hegoa, dirigido por el antropólogo Francisco Etxeberria y el psicólogo Carlos Martín Beristáin, quienes hoy celebran la “esperada buena noticia”.

“No me sorprende nada la decisión del juez. Nuestra documentación, validada por la Audiencia Nacional, se incluyó en la causa, que era inmensa, como una prueba más. Si ha sido clave, me alegro muchísimo”, afirma Francisco Etxeberria a eldiario.es. “Las autoridades de la Audiencia Nacional vieron por primera vez un elemento de prueba bastante objetivo. Pudimos ver los restos, a quiénes pertenecían, cómo murieron… Estos datos, sumados a los demás elementos han servido para hacer material algo que todo el mundo sabía”.

“Este paso demuestra que no se puede detener a un individuo y hacerlo desaparecer. No se puede detener, maltratar… No lo soportaremos. Se trata de una prueba más de que, cuando se descubren este tipo de cosas, deben asumirse responsabilidades”, espeta el antropólogo. “Va a ser así en el futuro. Que las personas que cometan estos delitos sepan que se arriesgan a ser juzgados, que sus actos tienen consecuencias”.

Etxeberria recuerda a las víctimas. “Vienen reclamando esa justicia en todo tipo de instancias, donde han recibido buenas palabras. Nosotros nos planteamos materializar una verdad que se ha conocido siempre. Aunque todo el mundo sabe que los hechos han ocurrido, es tremendamente difícil probarlo. Nosotros hemos objetivado una realidad que fue validada ante la Audiencia Nacional”, añade.

Algunos imputados siguen en puestos de poder

Mahmud no sabe quiénes son los autores de la muerte de sus familiares. “El único testigo, Abba Ali, relató que eran soldados que utilizaban números para identificarse: soldado número 40 o soldado número 23”.

El auto de Ruz imputa a responsables militares marroquíes que siguen en ejercicio, como Driss Sbai, que fue teniente de la Gendarmería Real en Smara a partir de 1976 y actualmente es coronel mayor de la Gendarmería Real en la zona sur (desde Agadir hasta Dajla) en Agadir. Se le acusa de delito de genocidio y más de 100 delitos de detención ilegal, torturas, desparición forzada y detención ilegal.

Brahim Ben Sami, acusado de genocidio, detención ilegal y torturas, era inspector de Policía Judicial en El Aaiún desde 1976 y hoy es interventor general adjunto del director de Policía Judicial en la DGSN (Dirección General de la Seguridad Nacional) en Rabat.

Contra Hariz el Arbi, comisario de División y jefe de la Seguridad de la Prefectura de Dajla se imputan cargos similares.

Se ha sacado, entre otros, del auto de procesamiento, por “inexistencia de base probatoria suficiente” a otro de los investigados por la Audiencia Nacional en la causa que abrió Baltasar Garzón en 2007, Housni Benslimane, a quien se acusaba de ordenar y dirigir la campaña de desapariciones y detenciones en Smara, en 1976. No se descarta que se le pueda procesar si se aportan más pruebas a la causa, pero su imputación sería un grave problema para las relaciones entre España y Marruecos. El general Benslimane  fue incluido en la lista de torturadores de los años de plomo que elaboró la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en el año 2000. Cinco años más tarde, fue condecorado en España con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a propuesta del Ministerio de Exteriores.

El auto del juez Ruz llega en vísperas de la votación para renovar el mandato de la Misión de la ONU en el Sahara Occidental (MINURSO). Marruecos no admite que se amplíen sus competencias a la vigilancia de los derechos humanos ni el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

“La persecución sigue ocurriendo hoy”

José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS), una de las organizaciones personadas en la querella –junto a la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapradesa), la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara y Asociación Pro Derechos Humanos de España, entre otras–, celebra la noticia. “Después de tantos años, presentando pruebas ante la Audiencia Nacional de algo que querían ocultar, al final se ha visto que no ha sido posible”.

Taboada valora el auto del juez Ruz como una victoria de “la independencia del poder judicial”, “porque seguro que ha tenido que soportar presiones”. En su opinión, lo definitivo para que el magistrado haya imputado a los once militares y altos cargos marroquíes son “las investigaciones científicas de Francisco Etxeberria y Carlos Martín Beristáin”. “Esta prueba es irrebatible de las atrocidades que han cometido los marroquíes a la población saharahui”.

José Taboada espera también que las miradas se vuelvan hacia el presente del Sáhara Occidental. A 2015. “Hay delitos que siguen ocurriendo, la represión, la tortura, el trato en las cárceles… Eso sigue ocurriendo hoy”.

http://www.eldiario.es/desalambre/Pudimos-enterrar-familiares-faltaba-justicia_0_375513358.html

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Ruz procesa a 11 mandos militares marroquíes por genocidio en el Sáhara

El magistrado ordena detener a ocho imputados por 50 asesinatos y 202 secuestros ocurridos tras la retirada de España de su antigua colonia y hasta 1992

 
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz procesó ayer a 11 altos cargos de Marruecos —ocho mandos militares y tres civiles— por su supuesta participación en el genocidio del pueblo saharaui entre 1976 y 1991. Ruz, que también ordena detener a siete de ellos, considera acreditado que tras el abandono del Sáhara Occidental por parte de España se produjo “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”. Estas acciones, según el juez, tenían el fin de “destruir total o parcialmente” a la población autóctona y “apoderarse del territorio” de la antigua colonia y provincia española.

El magistrado describe en su auto —resolución razonada— al menos 50 casos de asesinato, seis desapariciones, 202 detenciones ilegales y hasta 23 casos de torturas supuestamente infligidas por estos imputados, de los cuales uno podría haber fallecido en 2010, según informaciones periodísticas. El resto no ha sido localizado porque Marruecos no ha respondido a las diferentes comisiones rogatorias —peticiones de auxilio judicial entre Estados— cursadas en esta investigación.

Ruz, que en los próximos días será relevado al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, cierra su paso por la Audiencia Nacional con un auto que previsiblemente tensará las relaciones entre España y Marruecos. El juez da por concluida la investigación iniciada por su antecesor, Baltasar Garzón, en 2007, a raíz de una querella de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis. En su resolución final, Ruz relata “bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas, todas ellas de origen saharaui”, y con independencia de que fueran miembros del Frente Polisario, la guerrilla que hasta 1991 luchó contra Marruecos por la autodeterminación del Sahara.

Un familiar de una de las víctimas muestra el DNI español hallado entre los huesos en la fosa común. / ARANZADI

También reseña el magistrado que se produjeron “encarcelamientos prolongados sin juicio, algunos durante muchos años”, y “torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sáhara Occidental como en Marruecos”. Ruz sostiene que tales hechos fueron “impulsados” por los altos mandos de los cuerpos militares marroquíes.

El juez dedica las primeras siete páginas de las 40 que componen el auto a realizar un recorrido histórico y jurídico sobre la presencia de España en el Sáhara Occidental, que se inició en 1885 con la Conferencia de Berlín, y terminó en los estertores de la dictadura de Franco en noviembre de 1975 con la Marcha Verde ordenada por Hassan II de Marruecos. Esta introducción, en apariencia más propia de un libro de ensayo que de un auto judicial, tiene un sentido muy claro: poner de manifiesto que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara y que los casi 74.000 nativos saharuis censados en 1974, antes de la ocupación marroquí, tenían “la consideración de españoles”.

El hecho de que las víctimas tuvieran DNI, pasaporte y libro de familia español por el hecho de haber nacido en unos territorios que España consideraba “provincias” suyas, ha evitado que la investigación fuera archivada por la reforma de la justicia universal del PP en marzo de 2014.

El magistrado divide los hechos investigados, que se iniciaron cuando España aún no había salido del territorio, en dos grupos. El primero es el de los que no tienen autor conocido. Entre ellos se relata el asesinato de ocho personas en Amgala, en la zona de Smara, entre los días 12 y 13 de febrero de 1976. Un hombre que entonces tenía 10 años, Abba Ali Said, vio cómo soldados marroquíes disparaban directamente en el pecho en su presencia a dos pastores saharauis que se negaron a responder preguntas sobre el Frente Polisario. Después le llegó el turno a él, pero un soldado marroquí intercedió ante los oficiales salvándole la vida. Escondido tras un camión, esa misma noche presenció el asesinato de otras seis personas, entre ellas un primo suyo de 14 años. Los restos de estas víctimas fueron hallados en dos fosas comunes separadas entre sí por 30 metros en la zona de Fedret Leguiaa en febrero de 2013. La excavación de la fosa, donde se hallaron los DNI de algunas de las víctimas, así como varios billetes y monedas, y las pruebas de ADN practicadas por los forenses Martín Beristáin y Francisco Echevarría han sido una prueba “fundamental” para corroborar la veracidad de los testimonios de las víctimas supervivientes recogidos en la querella y ratificados ante el propio magistrado por algunas de ellas.

Otro episodio sin autor conocido es el bombardeo con napalm y fósforo blanco del campamento de desplazados Un Dreiga el 20 de febrero de 1976. Ese día, dos aviones de la fuerza aérea marroquí arrasaron las jaimas donde se refugiaban cientos de saharauis. Al menos 39 personas han sido reconocidas por Ruz como muertas en aquel ataque —otras fuentes elevan la cifra a entre 100 y 200— y al menos 75 fueron heridas. La agresión afectó incluso a una tienda hospital señalada con una media luna roja.

Los hechos con autor conocido se registraron en las ciudades de Smara y El Aaiun. En el cuartel de la primera población, en enero de 1977 un prisionero presenció cómo al recién nacido de otra presa “le cortaron los dedos y se los trajeron a la madre después en la comida”. También vio cómo los militares envolvieron a un anciano saharaui de 70 años en una manta, lo rociaron con gasolina y lo quemaron. Al mando del cuartel se encontraban el coronel Abdelak Lemdaour y el teniente de la Gendarmería Real Driss Sbai.

En los años 80, las detenciones irregulares y las torturas estuvieron supuestamente coordinadas por el wali (gobernador) Hassan Uychen. Entre sus víctimas figura la activista más conocida de la causa saharaui en la actualidad, Aminatu Haidar.

“Las acciones investigadas cometidas por militares o policías marroquíes se dirigen unívocamente contra los saharauis, que son sometidos a persecución únicamente por ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos y con la finalidad de destruirlos, mediante el asesinato, o desapareciones forzadas o incluso mediante la reclusión durante grandes periodos de tiempo. Existe, por tanto una finalidad de destrucción biológica de esas personas simplemente por su origen étnico”, concluye el juez Ruz.

Los implicados

La querella inicial se dirigía contra 32 personas. La investigación se cierra con 11. Estos son los principales:

  • Abdelhafid Ben Hachem, gobernador de la Administración Territorial hasta 1997.
  • Abdelhak Lemdaour, coronel del Ejército.
  • Driss Sbai, teniente de la Gendarmería Real.
  • Said Ouassou, exgobernador de Smara. Podría haber fallecido en 2010.
  • Hassan Uychen, exgobernador de Smara.
  • Brahim ben Sami, inspector en El Aaiun.
  • Haris el Arbi, inspector en El Aaiun.