La diputación de Lleida celebró ayer un pleno extraordinario para reconocer a 537 empleados represaliados por la dictadura franquista, ya fuera siendo despedidos directamente si habían empezado a trabajar después del 18 de julio de 1936 o bien con diferentes sanciones tras un proceso de depuración si llevaban más tiempo en la institución. Este procedimiento se aplicó en todas las administraciones, diferentes entidades e incluso en entes privados después de la Guerra Civil. Franco dirigió una represión sistemática a todos los niveles. Aparte de los cientos de miles de exiliados, fusilados y encarcelados, deportó o impuso multas (muchas astronómicas para la época) a personas o familias enteras, entre otros castigos. El objetivo, que por desgracia consiguió, era que cualquier posible alternativa política quedara aniquilada a largo plazo. Que quede claro: fue un régimen fruto de un golpe de estado que provocó una guerra y que, tras ganarla, persiguió a todos los que no eran afectos. Por eso es encomiable celebrar actos como este de la Diputación, que el ayuntamiento de Lleida también llevó a cabo en su día para reconocer a otros 284 funcionarios purgados, porque ayudan a promover la memoria histórica en un momento en que un sector importante de la ciudadanía se muestra comprensivo con la dictadura y apoya a partidos que la reivindican, como Vox.