El Archivo General del Ministerio de Interior administra parte de los expedientes penitenciarios de la dictadura. Los investigadores denuncian las “trabas” para acceder a la documentación.
“El proceso para su localización sufre a veces demoras”, reconocen desde el organismo, aunque insisten, no obstante, en que no existe ningún obstáculo para realizar consultas.
María Lozano Hernández fue fusilada el 19 de enero de 1940. Dos días antes, habían matado a su marido. El bebé de ambos falleció “enfermo” en la cárcel de mujeres de Ventas, mientras María esperaba su propia ejecución. ¿Quién la encerró? ¿Quién le disparó? Es imposible acceder a la información completa del caso; los nombres de los funcionarios y de sus compañeras de celda aparecen tachados en el sumario policial. Lo mismo ocurría con los expedientes penitenciarios de la prisión de Pamplona, la cárcel de Córdoba o el reformatorio de adultos de Alacant; los historiadores no han podido “consultar con facilidad” esta información hasta que aterrizó en los archivos provinciales.
La opacidad en la Administración central es más común de lo que puede parecer. El Ministerio del Interior pone “cada vez más trabas” para acceder a “una documentación histórica fundamental“, según explica el profesor Fernando Hernández Holgado, autor del artículo El acceso actual a los archivos de las cárceles de mujeres en el franquismo. Estos expedientes son “cruciales” para investigar y testimoniar la represión franquista; “un pasado todavía incómodo” para los herederos del régimen, un muro sordo e inquebrantable para sus víctimas.
Los fondos que siguen custodiados en las cárceles dependen de dos organismos distintos. Instituciones Penitenciarias gestiona una parte desde su biblioteca; y fuentes del departamento aseguran a Público que “se está facilitando el acceso a los documentos según lo establecido en la Instrucción del 12 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica”. Los docentes confirman esta tesis e insisten: “El problema no lo tenemos con Instituciones Penitenciarias, sino con el Ministerio de Interior. Los expedientes penitenciarios que dependen de su archivo son prácticamente inaccesibles. La cosa está peor que hace 20 o 30 años“.
El Archivo General del Ministerio de Interior administra el resto de la documentación; los certificados a los que, según los investigadores, cuesta acceder. “No hay traba alguna de acceso a dicha documentación, pero es cierto que el proceso para su localización sufre a veces demoras en función del volumen de solicitudes recibidas, la complejidad de la búsqueda, el número de documentos afectados o los archivos donde puedan conservarse”, explican desde el departamento. Los expedientes de todas las prisiones de Madrid están en este depósito.
Las voces académicas consultadas por este diario reconocen, además, que la Administración utiliza a menudo “el mal estado de la documentación” como excusa; recurre a este mantra para bloquear las solicitudes de información. El historiador Francisco Espinosa tuvo que presentar –y ganar– un recurso de alzada para poder acceder y fotografiar cinco sumarios que le fueron negados con este argumento. “Interior debería digitalizar todos los documentos que custodia y hacerlos públicos, independientemente del estado en el que se encuentren, todo sería mucho más rápido y sencillo”, propone Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).Los expedientes, con “nombres tachados”
El creciente interés académico por la represión en las cárceles franquistas contrasta de lleno con la “precaria situación” de los archivos carcelarios donde reposa esta información. Los fondos han sido trasladados de manera paulatina durante los 2000; algunos han acabado en archivos provinciales y son “perfectamente” accesibles. La cosa cambia con los que dependen del Archivo de Interior. “La legislación es bastante restrictiva, pero sólo en estos casos; por eso digo que es completamente arbitrario, parece que intentan proteger a los funcionarios y trabajadores del régimen que aparecen en esos documentos”, explica Hernández Holgado.
Los familiares que piden información sobre sus antepasados –represaliados–, reciben los expedientes “con todos los demás nombres tachados“, recalcan las fuentes que han hablado con este medio. La Secretaría General Técnica impide en su instrucción la consulta de cualquier documento personal de carácter policial o clínico que pueda afectar a la seguridad, la imagen y el honor de los implicados, una
Los docentes e investigadores sólo pueden acceder a estos archivos si tienen el “consentimiento expreso” de sus descendientes. “Y aún así, tenemos que demostrar –con un certificado de defunción– que han pasado 25 años desde la muerte del titular y 50 desde la última fecha referenciada en los expedientes. Esto dificulta muchísimo nuestro trabajo. La diferencia con los archivos provinciales es brutal, ahí no aplican esta restricción. Es incomprensible”, explica Laura Bolaños, doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid.
Interior trabaja en la transferencia de datos
Instituciones Penitenciarias trabaja “en la transferencia de expedientes históricos de internos a los archivos provinciales”, una tarea que, desde el organismo, definen como “prioridad”. En 2024, su biblioteca ha entregado 731 cajas de fondos documentales a los archivos provinciales de Albacete, Navarra, Salamanca, Valladolid y Murcia, según han confirmado fuentes del departamento a este diario. Laura Bolaños reconoce que “en los archivos provinciales te responden al momento“, sin ninguna limitación y “sin tener que justificar las solicitudes”. Lo mismo ocurre con Instituciones Penitenciarias.
Las fuentes consultadas por este diario dudan de las explicaciones del Ministerio y recuerdan que “la anonimización de todos los nombres [menos el del titular]” impide “seguir tirando del hilo“, un obstáculo que dificulta las “investigaciones históricas en condiciones”. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Emilio Silva, presidente de la ARMH, lo tiene claro: “Sería interesante hacer una investigación de todos los expedientes quemados durante la Transición. ¿Qué pasó con la destrucción de documentos que Martín Villa dirigió entre 1976 y 1978? Lo pregunté por Transparencia y me han dicho que no tienen información al respecto”.
