Tras el complicado y beligerante siglo XX los gobiernos europeos han sido conscientes de la necesidad de reparar la memoria individual y colectiva y restituir la dignidad de aquellas personas que habían sido víctimas de la represión de los gobiernos fascistas que interrumpieron el desarrollo de gobiernos democráticos. En España las leyes 52/2007 y la 20/2022 de memoria histórica y memoria democrática respectivamente, han contribuido a implementar los principios básicos de la Memoria y la convivencia: reconocimiento, reparación, dignificación y justicia.

Para conseguir estos objetivos son fundamentales los archivos como centros donde se deposita la documentación generada por cualquier administración en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, como reflejo de la relación de estas con la ciudadanía. Así, los archivos conservan las pruebas documentales de la represión ejercida desde el régimen y se convierten en los garantes de los derechos de las víctimas para poder restablecer su memoria.

La propia Ley de Memoria Democrática dedica toda la Sección II del Capítulo I a los archivos y señala la relevancia de estos en la creación de registros y en la investigación histórica. Actualmente, en España, varios son los centros desde los que el ciudadano puede acceder a información a través de las fuentes primarias: los documentos. Desde la administración periférica (Archivos históricos provinciales) a la Administración General del Estado (archivos intermedios e históricos del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Defensa): fondos policiales de la Dirección General de Seguridad, DG de la Guardia Civil y DG de Prisiones; los fondos de los tribunales y órganos represivos como el Juzgado Especial de Vagos y Maleantes, el Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social, el Tribunal de Orden Público, el Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo, Patronatos de redención de penas por trabajo, comisiones de depuración de distintos cuerpos públicos, etc.; los expedientes de los juicios sumarísimos y sobre todo las fuentes del Movimiento Nacional: el fondo del Consejo Nacional del Movimiento, de la Secretaría General y de las Delegaciones nacionales y provinciales que suponían una auténtica administración paralela para llevar el ideario fascista hasta el último municipio.

El Archivo General de la Universidad de Alicante dirige desde 2004 un proyecto institucional del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria, cuyo objetivo es la recuperación de fondos documentales privados de personalidades o colectivos relevantes en la vida económica, cultural y política alicantina y que han sido claves en la lucha contra el fascismo y la consolidación de los principios democráticos. Un proyecto pionero que cuenta con unas cifras impresionantes: más de doscientas donaciones, 1.440 metros lineales de documentación, más de 1.200 cajas de archivo definitivo (18.000 registros descriptivos y en torno al medio millón de documentos), más de 17.000 fotografías, casi dos mil carteles y más de 2.000 libros de una biblioteca especializada en transición y memoria histórica.

Resulta imposible citar los nombres de todas y cada una de las personas sensibilizadas con la importancia de que sus documentos, fotografías, carteles o incluso su testimonio oral se custodien en un archivo de carácter público: políticos, artistas, activistas o fondos de entidades como el Movimiento de Objeción de Conciencia o la Asociación de Aviadores de la República.

A lo largo de estos 20 años, el proyecto ha dado visibilidad a estos fondos a través de la intensa actividad de su Consejo Asesor y de la decena de exposiciones y publicaciones que se han editado. Sin embargo, el elemento fundamental para la difusión es su página web. A través del catálogo documental se puede acceder a la documentación descrita y en gran parte digitalizada, para ser utilizada como un recurso académico y social de primer orden. El hecho de visibilizar y difundir esta documentación que ha sido testimonio de reivindicaciones, y protestas, ya supone una dignificación y construcción de Memoria. Pero el proyecto va más allá con la creación de sus portales temáticos: «Mujeres de la Transición» una de las páginas más visitadas de la UA, «El Exilio Republicano en el Norte de África», probablemente la página más especializada sobre este tema en España y «La Represión Franquista en la provincia de Alicante» donde reside una base de datos con más de 25.000 represaliados de toda la provincia recopilados por el historiador Francisco Moreno.

Así, el Archivo General de la Universidad de Alicante cumple, a través de su proyecto insignia, con los preceptos básicos de la Memoria Histórica al perseguir la «no repetición» de los hechos. En el preámbulo de la Ley 20/2022 se dice que «la historia no puede construirse desde el silenciamiento y el olvido de los vencidos» por eso es necesaria la pedagogía, la enseñanza y la investigación, ya que, como dijo George Santayana, «Aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo».