► El Congreso ha convalidado el real decreto ley que permite la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos
► El proceso arrancó con su aprobación en el año 2017 en el Parlamento y necesita cumplir más trámites para sacar al militar golpista de su tumba
► El Gobierno prevé que la operación quede ejecutada antes de final de año
ELDIARIO.ES | JUAN MIGUEL BAQUERO | 13-9-2018
La momia de Franco acabará fuera de Cuelgamuros. El Congreso ha convalidado el real decreto ley que permite sacar al dictador del Valle de los Caídos y el proceso arrancó en 2017, también con su aprobación en el Parlamento. Un largo camino al que todavía le quedan sus últimos pasos.
Cuando el Consejo de Ministras aprobó el real decreto ley, el 24 de agosto, quedó encendida la luz verde para exhumar los restos mortales del militar golpista. El armazón jurídico, que debe ser firmado por el rey Felipe VI, solventa las acciones judiciales en su contra y retrata a la oposición y todo el arco parlamentario. El calendario previsto fija un plazo máximo de un año, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere finiquitar el asunto sin pisar 2019.
Todo para que la sepultura de Franco deje de tener un lugar de privilegio en el mausoleo construido con trabajadores forzados del régimen franquista. El conjunto monumental de Cuelgamuros acoge la mayor fosa común de España, con los restos óseos de 33.833 personas, un tercio enterrados de forma anónima y sin el conocimiento de sus familias.
Con el decreto ley empezó a contar un plazo de 15 días en el que los afectados han podido presentar alegaciones. Y con la validación del Congreso, los nietos de Franco deben decidir si asumen el cadáver momificado de su abuelo el dictador y comunicar dónde quieren trasladar los restos mortales. En caso contrario, el Gobierno decidirá el nuevo lugar de entierro del militar golpista.
El Ministerio de Justicia debe enviar el proyecto de exhumación al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y solicitar un informe no vinculante de sanidad mortuoria que debe emitirse en el plazo de un máximo de un mes. Estos procedimientos administrativos quedarán cumplidos a mediados de octubre, según la agenda prevista por el Gobierno.
A partir de ahí corre un nuevo plazo de diez días para que la familia Franco presente alegaciones. Transcurrido este periodo, el Consejo de Ministras resolverá mediante “acuerdo motivado” si procede ejecutar la exhumación y el traslado de los restos y su destino. Todo quedará resuelto antes de fin de año, según el Gobierno. El trabajo para exhumar la momia del dictador no es complejo ni costoso.
El proceso de Cuelgamuros
El proceso arranca en mayo de 2017 cuando el Parlamento aprueba el desalojo de la tumba dictatorial. El Gobierno de Pedro Sánchez resucita la maniobra al aterrizar en Moncloa. Y el 24 de agosto el Consejo de Ministras rubrica la operación con el real decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica para sacar al dictador de Cuelgamuros.
El “sustento jurídico” entra en vigor 24 horas después con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí, se abre un plazo de 30 días en los que el Congreso puede convalidar o tumbar la iniciativa. El Parlamento ha dado luz verde con el voto favorable de todos los partidos políticos excepto PP y Ciudadanos, que se han abstenido. La norma será tramitada como proyecto de ley, con lo que el Gobierno abre la posibilidad de introducir más cambios en la Ley de Memoria Histórica vía enmiendas.
El 31 de agosto el Ejecutivo abre un plazo de 15 días para que la familia Franco diga dónde quiere llevar los restos cadavéricos. Si no hay pronunciamiento, el Gobierno asume el traslado a una sepultura “digna”.
El procedimiento administrativo arranca con la amenaza de los nietos del militar golpista, que anuncian que van a agotar “todos los recursos legales” a su alcance para evitar la exhumación. En un burofax atribuyen al presidente los delitos de prevaricación y profanación de sepultura. Aunque estas acciones son inviables y tendrá poco recorrido, según expertos consultados por eldiario.es.
Con la exhumación del dictador, España intenta romper con la punta del iceberg de la parafernalia simbólica del franquismo. Una anomalía, según el presidente Pedro Sánchez: “Una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas”, apuntó en una entrevista para eldiario.es. Y “sacar a Franco es un planteamiento simbólico importante de ruptura con el pasado”, explicaba el director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez.
Franco es la única persona enterrada en el mausoleo franquista que no murió durante la guerra de España. La momia del dictador contraviene el sentido fundacional del lugar, como ya avisaba en 2011 el informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos. En el conjunto monumental “sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”, reza el tercer párrafo que será añadido al artículo 16 de la ley 52/2007.
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