Exhumación de las víctimas y el fin del Valle de los Caídos como reclamo turístico: la memoria en los programas del 4M
Álvaro Sánchez Castrillo
De los seis programas electorales, la memoria histórica solo está presente en tres de ellos: Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE. Las dos primeras formaciones son las que más espacio dedican a esta materia: más de una veintena de propuestas coincidentes en muchos aspectos. Uno de ellos es el que tiene que ver con la recuperación de los restos de represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura en la región. Hay, en este sentido, mucho trabajo por hacer. El Ministerio de la Presidencia, en su mapa oficial, contabiliza 54 fosas comunes en la región. De ellas, solo tres han sido exhumadas de forma total –la gran mayoría constan como trasladadas al Valle de los Caídos–. Un trabajo que, no obstante, podría estar incompleto a tenor del estudio que está llevando a cabo la sociedad Arqueoantro, que sin haberlo finalizado ya tiene identificadas unos 150 enterramientos en toda la región.
En línea con esto, las formaciones a la izquierda de la candidatura que lidera Ángel Gabilondo proponen también la puesta en marcha de una suerte de biblioteca de material genético. Un banco de ADN autonómico que el partido morado ubicaría en el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid, unas instalaciones que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha encargado de ubicar en el fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia, junto al nuevo Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Los colectivos memorialistas siempre han aplaudido este tipo de iniciativas, en tanto que permiten conservar el material genético en un momento en el que la mayoría de descendientes más directos de los represaliados se encuentran en edad avanzada. De hecho, hace solo un par de semanas el Gobierno navarro fue capaz de identificar a dos personas exhumadas en 2019 por esta vía.
Los verdes y los morados también ponen el foco en el Valle de los Caídos. Desde la candidatura encabezada por Pablo Iglesias se comprometen a “impulsar”, en coordinación y consonancia con el Ejecutivo central, “la eliminación como símbolo de exaltación franquista” y su resignificación previa exhumación de las víctimas allí enterradas contra su voluntad –en las criptas hay inhumadas más de 33.000 personas– y el traslado de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Mientras no se lleve a cabo dicha dignificación del complejo monumental, Unidas Podemos y Más Madrid retirarán “la publicidad turística oficial de la Comunidad de Madrid” de Cuelgamuros si llegan a la Puerta del Sol.
La creación de un museo de estas características es otra de las promesas de los socialistas en esta materia de cara a los comicios del 4M. Unas instalaciones que, según señalan en el programa, estarán dedicado a la recopilación de “documentos, imágenes, testimonios, relatos y otros objetos” que permitan disponer de un lugar en el que “educar, reflexionar y trasladar a la ciudadanía información veraz y contrastada” de los hechos que ocurrieron en la guerra y durante la dictadura. Sobre los testimonios, la formación liderada por Mónica García aspira a crear un banco audiovisual que recoja, por lo menos, las historias de personas detenidas, torturadas, víctimas de bombardeos, familiares de fusilados o trabajadores en campos de concentración.
Respaldo jurídico y reconocimiento a las víctimas
Las formaciones del bloque progresista también pretenden que las víctimas dejen de estar abandonadas institucionalmente. Sobre todo, en materia judicial. Para ello, Unidas Podemos plantea, si llega al Gobierno, “facilitar la participación y ayuda” de la Administración autonómica “en las investigaciones de crímenes de lesa humanidad” cometidos por el franquismo. En este sentido, propone que la propia Comunidad de Madrid se persone “como entidad jurídica” en la conocida como querella argentina, un procedimiento abierto por las víctimas ante la justicia del país latinoamericano hace ya más de una década. “Ofreceremos asistencia jurídica a los vecinos […] que hayan presentado o quieran presentar denuncias o querellas en juzgados locales o procesos internacionales por ser víctimas o familiares de víctimas del franquismo”, apunta, por su parte, Más Madrid.
Más allá de las actuaciones en materia judicial, las dos formaciones a la izquierda del PSOE también promoverán la condena pública en la Asamblea de Madrid del franquismo y políticas de reparación y reconocimiento de todos aquellos que lucharon en defensa de la legalidad y la democracia. En este sentido, desde el partido verde se propone llevar a cabo un reconocimiento público de los madrileños deportados a campos de concentración nazis. Algo que se haría por varias vías: un acto público, con acciones coordinadas con la administración central para retirar la condición de apátridas o con la instalación de placas o monolitos con sus nombres –lo que se conoce en alemania como Stolperstein–.
Auditoría de los bienes expoliados
Unidas Podemos también pretende poner fin a la exaltación de la dictadura cuatro décadas después de la muerte de Franco. Y, para ello, pone sobre la mesa varias propuestas. Por un lado, la anulación todo tipo de acuerdos de colaboración y subvenciones con aquellas entidades, instituciones y fundaciones públicas y privadas que participen de cualquier ejercicio de exaltación de honores y reconocimientos a responsables del golpe de Estado de 1936 o la dictadura. Por otro, promoviendo la “eliminación, remoción o resignificación” de simbología y monumentos conmemorativos de aquellos años negros. Y, por supuesto, quitando todas aquellas condecoraciones y medallas concedidas por la comunidad a todas las personas “acusadas y reconocidas por la violación de los derechos humanos”, algo que también incluye en su programa Más Madrid.
Los dos partidos también proponen recuperar el nombre original de ocho colegios construidos durante la II República. E impulsar convenios de colaboración con diferentes universidades públicas madrileñas para estudios e investigaciones sobre la materia. Uno de los más destacados es el que los morados ponen sobre la mesa para la realización de una auditoría y catalogación de bienes expoliados durante la directadura en la Comunidad de Madrid, así como de todas aquellas empresas sitas en la comunidad autónoma que se beneficiaron del trabajo forzoso.
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