Tras el ataque a la estatua de Largo Caballero, Vox amenazó al Gobierno en Twitter calificando lo ocurrido de “primer aviso” para derogar la Ley de Memoria Histórica. Este lunes la diputada de Vox en el Congreso Macarena Olona ha publicado en sus redes una fotografía en la que aparece frente a la estatua del expresidente del Consejo de Ministros de la República vandalizada portando una bandera de España con el crespón negro en la que se leer ‘Gobierno dimisión’. “Madrid resiste”.

El presidente del Pleno, Borja Fanjul (PP), justificó el apoyo a la eliminación de este homenaje en el callejero en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que permite a las administraciones retirar escudos, placas o menciones conmemorativas “de la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura”.

“Clichés franquistas”

La intención del Ayuntamiento de Madrid de eliminar del callejero de la capital los nombres de los históricos socialistas ha provocado la reacción de los historiadores. Un centenar de estudiosos de la Historia Contemporánea, de universidades españoles y extranjeras, ha firmado un informe que desmonta los argumentos de la extrema derecha, asumidos por PP y Ciudadanos, para retirar las dos calles –una avenida en Ciudad Lineal y un bulevar en Vicálvaro– respaldándose en la Ley de Memoria Histórica.

Los historiadores firmantes concluyen, tras analizar el texto de Vox aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la semana pasada, que se basa “en viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista”. “Acarrea de forma confusa los mitos guerracivilistas enunciados en 1939 por el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936”, dice el escrito, respaldado por reputados expertos como Paul Preston, Walther L. Bernecker, José Álvarez Junco o Antonio Cazorla.

Los catedráticos y profesores desmienten en 13 puntos la proposición de Vox en un “análisis preliminar” basado “en pruebas documentales”. “A diferencia de la nula documentación que se adjunta a la iniciativa de Vox, los profesores e investigadores abajo firmantes declaran estar en condiciones de aportar pruebas documentales de todas las afirmaciones que se hacen en la presente prueba de verificación”, señala el manifiesto. Los firmantes ponen el documento “a disposición” del Ayuntamiento de Madrid para que se tenga en cuenta antes de adoptar “la decisión definitiva”: “Este juicio técnico preliminar aspira a convertirse en un futuro próximo en un informe donde se clarifique de una vez por todas la ejecutoria de estas dos importantes figuras de nuestra historia contemporánea, sustrayéndolas de las maquinaciones propias de la baja política”.

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