El golpe de Estado de julio de 1936 no sólo tenía como objetivo destruir el orden constitucional vigente, sino también, la de hacer desaparecer a todos aquellos que pensaban en cualquier cambio social. Tanto el tímido emprendido por los gobiernos republicanos, como el más radical que preconizaba un amplio sector del mundo obrero. De hecho, el fracaso de la rebelión dio paso a un proceso revolucionario. A medida que ciudades y pueblos fueron conquistados por los golpistas lo mejor que le podía suceder a los vencidos era ser encarcelados, escapar a las “sacas” y, una vez superada la condena, o condenas, a muerte impuestas por el consejo de guerra correspondiente, convertirse en un preso que “redimiría” su pena en cualquiera de las miles de obras públicas, y privadas, que reconstruían un país destruido. Para sobrevivir tenían que convertirse en esclavos. Además, los vencedores también buscaron su humillación moral. Su utilización como trabajadores forzados les liberaría de “su miseria moral”. No eran sino una horda de asesinos y forajidos a los que se debía desinfectar de la propaganda “satánica” que les había embrutecido y despertarles el instinto religioso y honrado de sus antepasados.
El pacto de silencio y olvido sobre el que se ha levantado el actual régimen democrático, ha arrojado al vertedero de la historia a los miles de hombres y mujeres que sacrificaron su vida. Todavía hoy, los escasos supervivientes ven cómo las autoridades le niegan el reconocimiento. Las mismas autoridades que alzan la voz reclamando el pago de indemnizaciones al Estado y empresas alemanas por los esclavos españoles en los campos de concentración nazi.
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