La represión franquista en Alcalá de los Gazules, La Ley de Responsabilidades Políticas (LRP) y la Incautación de Bienes

Dieciocho de julio de 1936. Se inicia el golpe de Estado en España. El franquismo se hace con el control de todos los organismos estatales y, con ello, vienen años de represión y muerte.

Entre las prácticas represivas, mención especial merece el robo de bienes e incautación de propiedades a personas relacionadas con las organizaciones políticas de izquierdas y, concretamente, con el Frente Popular. Estas acciones no tenían ningún procedimiento legal; eran un botín de guerra que se repartieron los sublevados tras hacerse con el control del país. En la mayoría de los casos las incautaciones tenían que ver con animales (caballos, cabras, ovejas, puercos, etc.), con el robo de alimentos básicos como trigo, cebada o avena, además de fincas y tierras que se “expropiaban” y se se entregaban a los afectos a la causa nacional.

Los sublevados emitieron un Decreto Ley, aprobado el 10 de enero de 1937 y firmado por Francisco Franco, en el que se instaba a las autoridades militares a que se incautaran los bienes de los republicanos. La finalidad de esta práctica era buscar su ruina económica, quitarles su herencia o el esfuerzo de muchos años de trabajo.

El caso de Alcalá de los Gazules entra dentro de los cánones de actuación de los sublevados. Se incautaban tierras a los individuos “marxistas”, que serían arrendadas a personas del pueblo afines al régimen, para su labranza y, en el caso de que dichos terrenos se reclamasen por sus legítimos dueños, el Ayuntamiento entendía que habían sido donadas para tal fin. Era una clara imposición y represión económica a vecinos que habían tenido que huir del pueblo por tener otros ideales, por defender la democracia y la libertad. El miedo a represalias no les permitirían volver y, en la mayoría de los casos, nunca reclamarían sus posesiones

Adjuntos