Supervivientes e investigadoras reclaman al Gobierno justicia y una reparación que exponga los abusos en un organismo, el patronato de las mujeres, del Ministerio de Justicia, que funcionó entre 1941 y 1985.
- Raúl Bocanegra / Sevilla–
- “Me meten allí porque soy roja”, afirma con toda contundencia en conversación telefónica Paca Blanco, la Brava. Ella es una de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, un organismo de sarcástico nombre —cuya presidenta fue Carmen Polo, la Collares, esposa del dictador— adscrito al Ministerio de Justicia y gestionado por órdenes religiosas, de monjas, que desde el año 1941 hasta el 1985, cuando fue disuelto, se dedicó a oprimir a las mujeres y a imponerles los valores del nacionalcatolicismo en un país arrasado. “Podía haber sido abogada, periodista, presidenta del Gobierno… No soy creyente, y la vida que he tenido, me la jodieron por intentar hacer de mí lo que no era. Soy idealista”, añade la Brava.
Los métodos empleados en muchos casos por las monjas, bajo la guía y a las órdenes del Estado franquista —e incluso, a partir de 1978, del Estado Constitucional—, implicaban vejaciones que hoy se llamarían sin duda violaciones de los derechos humanos, según han expuesto las supervivientes y han confirmado diferentes investigadoras y académicas en varios volúmenes.
“Afortunadamente, en los tres últimos años, estamos avanzando mucho en la investigación y en acciones y en divulgación. Hoy sabemos lo suficiente para sabe que existió una institución del ministerio de Justicia, basada en razones de [aplicar una] moral sexual a las mujeres jóvenes en la que se practicaron adopciones forzadas, robos de bebés, [partos sin garantías sanitarias] se aplicó una pedagogía correccional, existen manuales con ese término, [que implicaba] humillaciones, castigos y encierros sin juicios ni sentencia”, expone Pilar Iglesias, autora del volumen Políticas de represión y punición de las mujeres: Las Lavanderías de la Magdalena de Irlanda y el Patronato de Protección a la Mujer de España (Ed. Círculo rojo).
“El patronato viene de antes, de instituciones que controlan el cuerpo y actitudes de las mujeres podemos hablar en muchos contextos temporales y territoriales”, abunda María Palau Galdón, autora, junto a Marta García Carbonell del libro Indignas hijas de su Patria (Editorial Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació). El Patronato tiene como antecedentes el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas creado por Real Decreto de 1 de julio 1902 y vinculado al Ministerio de Gracia y Justicia. Este Patronato fue disuelto en 1931 pasando temporalmente sus competencias a una Comisión provisional Central para la protección de la mujer. Ese mismo año se crea el Patronato de Protección a la Mujer que a su vez queda disuelto en 1935, asumiendo todas sus competencias el Consejo Superior de Protección de Menores.
“El patronato —expone Palau— se convirtió en una de tantas herramientas de la dictadura para controlar a la población femenina, a toda aquella que contradijera el modelo de esposa, madre y cristiana ejemplar impuesto por la dictadura. Se encierra a gente de los 16 a los 25 años, aunque hemos constatado también niñas de 12 años, [y se hace] por los motivos [más peregrinos]: pasear por la calle de la mano de un chico, manifestar una ideología contraria al régimen, ser lesbiana o parecerlo, mantener sexo fuera del matrimonio o, incluso, ser violada por un familiar”.
Consuelo García del Cid, quien con su obra Las desterradas hijas de Eva dio uno de los primeros aldabonazos para que se investigara lo sucedido en los reformatorios y en el patronato, recuerda que las amenazas más típicas en aquellos años eran, “cuando eras pequeña, el hombre del saco y cuando eras adolescente, te voy a llevar donde las monjas, a un reformatorio”. “Sí”, añade. Lo mismo recuerda la Brava: “Siempre” y “continuamente” sobrevolaba la intimidación.
“En muchos casos, eran las propias familias las que denunciaban a esas niñas. En algunos casos, engañadas, podían creer que les iban a enseñar un oficio, desconocían la realidad de estos reformatorios y que podrían perder la patria potestad”, agrega Palau.
Este fue el caso de Paca La Brava, a quien su familia trató de enderezar, sobre todo, tras la muerte de su padre, cuando ella tenía 16 años. Antes, “con 11 años ya no puedo ir al colegio, porque nos desahucian a San Cristóbal de los Ángeles y no hay colegios. Se supone que debo aprender a bordar, a fregar, hacer esas cosas para ayudar a mi madre”.
“Enseguida me meto, no en política profesional, pero sí he sido —recuerda la Brava— una roja consecuente. Estaba en todas las huelgas, Marconi, Telefunken, participaba en ello. Fui una rebelde con causa. Mi familia no lo veía bien. Entre la política y la revolución musical, entre el rock and roll y lo demás, mi familia estaba asustada. Un día fui a las fiestas del barrio, y volví a las tres o cuatro de la mañana. Eso fue el detonante, había coches en la puerta. Me llevaron a un reformatorio en Collado Villalba. Mi propia familia había estado viendo las instalaciones”.
Ahí se inició un periplo, que la llevó a un centro del patronato, el de Peñagrande, gestionado por las Esclavas de la Virgen Dolorosa y después por las Cruzadas Evangélicas. Está documentado que allí había un paritorio donde daban a luz las internas y que estuvo atendido, entre otros, por el ginecólogo Eduardo Vela, vinculado con las adopciones irregulares durante la dictadura.
La Brava, entonces embarazada ella misma, recuerda un episodio terrible: los alaridos, el dolor, una mujer que fallece, la familia que se lleva su cadáver: hay quien recuerda suicidios también. “Tengo 77 años y tenía 17. Lo que más me horrorizó fue esto. Yo fregaba un corredor, un pasillo. Allí nos explotaban miserablemente, había malos tratos, insultos, castigos físicos, psíquicos… Fregaba el pasillo que daba a los paritorios, [había] un cristo de enormes dimensiones y una cama. Cuando estaba con dolores, se encerraba ahí a las mujeres, se les decía, pecadoras, putas. Ése era el animo para ayudarte a parir con 17 años”, asegura a Público.
Petición de perdón
El próximo lunes la Confederación de Religiosos de España, que agrupa a 403 institutos de vida consagrada, hará una petición pública de perdón por los abusos, vejaciones y barbaridades cometidos. Consuelo García del Cid y su labor han sido decisivas para que se produjera este acto, convocado para este lunes.
En el comunicado, los religiosos definen el Patronato de esta manera: “Fue una institución pública de España creada en 1941 y encuadrada en el Ministerio de Justicia (hasta 1985). Su propósito oficial era la protección y educación de mujeres consideradas en riesgo moral. Esta institución firmaba convenios con centros regentados, algunos de ellos, por congregaciones religiosas“.
El perdón lo plantean así: “Tras haber escuchado la vivencia de muchas supervivientes y hacer investigaciones en las congregaciones, el dolor y las heridas llevan a la [Confederación] a pedir perdón por el daño causado. Sabemos que hay muchas mujeres que valoraron esos centros, pero mientras una sola de ellas haya sido dañada, las congregaciones religiosas pedimos perdón”.
Luego, añaden: “En nombre de la vida religiosa, de la Iglesia, queremos impulsar este acto. Nuestro deseo colectivo es el de reconocer el pasado, de honrar la verdad y de construir un futuro basado en la justicia y el buen trato”.
Pilar Iglesias puntualiza: “La vivencia individual… Había chicas que no sabían ni firmar que tenían que poner la huella. Era tal el mundo de injusticia [en que se vivía afuera], que, evidentemente algunas aprendieron a leer o comieron un poco más en el centro. Eso no quita que fuera una estructura opresiva. Lo redactan de una manera como si fuese una minoría la afectada. Muchas mujeres nunca van a reclamar nada, unas porque se han muerto ya y otras a lo mejor porque nunca se atreven a reclamar aunque se implante un esquema de reparación”.
Para Iglesias es muy importante, señalar esto: el esquema de reparación. Y recuerda que el Patronato no es solo una responsabilidad de la Iglesia, sino del Estado, fundamentalmente. “En primer lugar —afirma la investigadora a Público— quiero dejar clarísimo que esto no hubiera sucedido si no se estuviera hablando de ello y sin la acción de Consuelo y de otras investigadoras [ahí están, entre otras, Carmen Guillén Lorente, Andrea Momoitio…]. Este acto tendría que haber venido después de lo que es imprescindible: tengo muy claro por qué estos procesos se llaman verdad, justicia y reparación. [Se trata de] reconocer responsabilidades”.
“Lo primero —prosigue Iglesias— que tenían que haber hecho las órdenes religiosas junto con el Estado es ofrecer la máxima colaboración para una investigación profunda y poner en servicio todos los archivos. A partir de ahí vienen los actos de reparación. Es imprescindible se dé ese esquema de verdad, justicia y reparación. Esto dependerá del Ministerio de Justicia. Es una obligación del Estado asumir ese tipo de procesos. Se debería haber empezado de otra manera. Dicho esto, bien sea [el acto de la confederación], aunque dependerá de cómo sea. Eso no quita la parte fundamental que es la investigación, la justicia y asumir las responsabilidades. Las primeras tienen que ser las supervivientes“.
Afirma Palau: “Este dolor ha quedado enquistado y completamente olvidado. Incluso en la transición, teníamos mucha prisa por hacer miles de cosas. Es importante que obtengan justicia y reparación. También pienso que no conocemos cuáles serán las palabras exactas de ese perdón, pero por otro lado, si te piden perdón es porque no has hecho nada malo. Todas esas mujeres que están en su casa, quizá lo vean y piensen tantos años después: ‘comprendo que yo no hice nada malo. Fueron otros y otras los que lo hicieron’. Somos muchas mujeres detrás de este movimiento, bien como supervivientes, como familiares o como investigadoras. Pensamos que el Estado también tiene que pedir perdón e iniciar una investigación”.
¿Cuántas mujeres pasaron por el patronato? “Es muy complicado dar una cifra, porque nos falta muchísima documentación para completar el puzle”, afirma Palau. “1952, el más sangrante, según las memorias del patronato, estaban encerradas un total de 41.335 niñas y adolescentes. No todos los años era esa cifra. No estaban cometiendo delitos ni siquiera según la legislación franquista. El patronato podía ser su primera parada o no, de institucionalización, luego, te podían enviar a un psiquiátrico”. Así sucedía con las lesbianas o aquellas que las monjas decidieran que lo eran: “Podías ser considerada lesbiana por una muestra de cariño con una compañera”.
“Si vas a escribir, quiero que pongas esto”, dice la Brava. “El hecho —reflexiona— es que la familia llama al Patronato, porque están convencidas que esa es su obligación si quieren mujeres como dios manda. En esa vorágine como no tienes ayuda en la familia, te la buscas fuera y te echas un novio que te ayude, y te quedas embarazada. En esos años, no éramos mujeres preparadas para los anticonceptivos ni para nada y terminas en un reformatorio que es el museo de los horrores. Había incluso gente a quien había violado su padre, y en vez de encarcelar al padre, se encarcela a la chica. La mayoría de nosotras no habíamos cometido ningún delito”.
“En los años 60 —agrega la Brava—, estalla una revolución musical y de libertad. Eso a los padres que habían sufrido la guerra ola de represión les acojona totalmente: ‘qué va a ser de estas chicas, qué mal camino llevan'”.
Para la Brava es importante que se las reconozca como “víctimas del franquismo”. Sobre el perdón que pide de la confederación de religiosos es crítica: “Esta es una opinión mía personal. Es un lavado de cara. Ni olvido ni perdono. Hay mujeres que se han quedado hechas polvo, que se han suicidado, mujeres que no les han dicho a sus maridos e hijas que han estado en el Patronato. Esto sigue en parte oculto“.
