Del desprecio al negacionismo: una estrategia calculada.
Las pretensiones de las fuerzas opositoras que podían legitimar ante las instancias internacionales la mutación de las élites franquistas en «demócratas de toda la vida» se rebajaron tanto que se aceptaron todas las condiciones gubernamentales: nada de República, ni referéndum; el Borbón, designado por el dictador, se legitimaría, vía constitucional, y la impunidad de los crímenes franquistas se consagraría en una «Ley de amnistía». Eran las condiciones y no había fuerzas, ni ganas, para oponerse a ellas.
En una primera etapa se decidió no hablar de la dictadura, se correría un «tupido velo»; era una solución elegante. A los «nuevos demócratas» no se les recordarían sus fotos de uniforme y, la oposición democrática, olvidaría su incapacidad para derribar una dictadura que duró casi cuarenta años: todos contentos.
Por tanto, el resarcimiento a las víctimas de la dictadura, contar su historia, sacarlos del olvido (una obligación democrática elemental) no estaba en las agendas políticas.
Tímidos avances ante la presión popular llevaron a la ecuménica ley de 2007, que olvidando la de 1940, en que ya se reconocía a las «víctimas de las hordas rojas», y que seguía vigente, en vez de proteger a quienes no habían tenido reconocimiento alguno hasta la fecha y que seguían en las cunetas de la vergüenza, se intentó una vez más contentar a todo el mundo, consiguiendo el efecto contrario. Eso sí, gracias al debate que generó, muchos ciudadanos vieron que la sociedad civil debería, como tantas veces, llegar adonde no lo iban a hacerlo las autoridades democráticas, reactivando el movimiento memorialista. Habrían de pasar muchos años más, y varias leyes autonómicas que intentaron remedar la ineficaz ley Zapatero, hasta 2022 para sacar una nueva ley, esta sí, más acorde con las exigencias del memorialismo.
Entretanto, una necesidad básica para conseguir garantías de no repetición: la enseñanza en el sistema educativo de lo que había sido la dictadura, seguía sin cumplirse, dando como resultado unas nuevas generaciones que no sabían nada de lo que había supuesto la dictadura para la sociedad española.
El tiempo había pasado y ya no era necesario ocultar la simpatía de la derecha española por el franquismo, surgiendo así Vox.
El movimiento ultra se internacionalizaba de nuevo. Aquí el relato de lo que había sido la dictadura se modificó sin esfuerzo, pues nada sabían los jóvenes sobre la realidad represiva que ésta supuso, al igual que, internacionalmente, resurgían los «nuevos fascismos», un elemento potenciado por la amnesia europea y americana y financiado por los apóstoles del «ultraneoliberalismo» con el objetivo de acabar con los, nunca bien desarrollados, «Estados de bienestar».
Hoy asistimos a la siguiente fase de la estrategia ultra con respecto a la Memoria Histórica: el negacionismo. Si antes no se hablaba del tema o se ninguneaba en base al olvido de «viejos rencores» ahora, directamente, se niega la existencia de la represión: la presidenta de la Comunidad de Madrid miente diciendo que no se torturó en la sede de su gobierno, antigua DGS, cuando todavía hay personas vivas que la padecieron en sus tétricos sótanos; el PP de Galicia afirma que «no le constan» los cientos de asesinatos en uno de los peores campos de concentración gallegos, negando las evidencias históricas; Vox defiende en sede parlamentaria, como una época de prosperidad y reconciliación, el régimen del primer franquismo, cuando entre 1939 y 1953 se fusiló a unas 50.000 personas en este país.
Como vemos la ignorancia de la sociedad, inducida por la inacción gubernamental en materia educativa, puede ser la mejor abonada base para que ahora surjan todas estas vergonzantes mentiras.
Conviene recordar que la ley prevé que las ofensas a las víctimas sean sancionables e incluso perseguibles penalmente (hasta una flamante fiscalía fue creada al respecto). Pero desde que entró en vigor esta ley de 2022 (hace, por lo tanto, tres años) la desvergüenza de los fascistas y sus defensores ha ido creciendo en intensidad y ,al parecer, solo uno o dos expedientes, con el posible resultado de alguna multa, se han iniciado frente a las innumerables muestras de falsedades y ofensas que han recibido las víctimas teóricamente protegidas por esta ley.
Y ahí sigue la Fundación Francisco Franco, a pesar de las promesas gubernamentales.
Represión, impunidad, silencio, tergiversación y ahora, directamente, pasamos del desprecio al negacionismo.
Tres años de ley y cada vez la situación es más ignominiosa.
Deberíamos reflexionar al respecto.
Mientras, ninguna agresión sin respuesta, también con las víctimas del franquismo.
Nos va el futuro en ello.
Enrique Gómez Arnas
Presidente ARMHA
