Los trabajos de prospección estiman que hay 400 cuerpos enterrados, con sólo 187 identificados
HUELVA INFORMACIÓN | JAVIER RONCHEL | Huelva | 19-12-2017
El coordinador provincial de Izquierda Unida, Rafael Sánchez Rufo, asegura que la Ley de Memoria Democrática desarrollada en Andalucía ha sido “un gran paso adelante para los principios de verdad, justicia y reparación” para con las víctimas de la represión franquista. Pero que requiere para ello del permanente compromiso de la Administración para que esos fines se alcancen.
Sánchez Rufo dijo esto al hilo de los trabajos realizados en la fosa común existente en el cementerio de Nerva, que ahora finalizan tras una prospección con la que se ha calculado la existencia de unos 400 cuerpos enterrados, todos presumiblemente represaliados, y sólo de ellos 187 identificados, también por el cotejo con el Registro Civil y el testimonio de familiares y vecinos. Esas cifras, destacó el dirigente de IU, “nos permiten quedarnos con la verdad, con el conocimiento de los hechos, pero nos dejan sin la justicia y reparación que persiguen las víctimas”. Por eso su formación pide ahora a la Junta de Andalucía que complete su labor dotando de los fondos necesarios para completar la exhumación de los cuerpos.
La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Nerva, Isabel Lancha, adelantó ayer en Huelva que presentará en el Pleno una propuesta para que se reclame “un incremento notable de los recursos económicos para completar todas las exhumaciones de los restos de personas asesinadas que yacen en las fosas comunes del cementerio y en otros emplazamientos de nuestro pueblo”.
Lancha aseguró que los técnicos que llevan trabajando varias semanas en las catas prospectivas del cementerio nervense han determinado la existencia de al menos 400 cuerpos, de los que la mayoría corresponden a víctimas sin identificar y que podrían pertenecer a vecinos de otros puntos de la comarca minera, en la que la cifra de represaliados es de 1.500.
Rafael Sánchez Rufo defendió que los trabajos en las fosas comunes no sean realizados “como si se tratase de excavaciones arqueológicas” y recordó que en todas ellas se encuentran “personas que fueron asesinadas”. Por ello, junto a los fondos necesarios, reclamó a la Junta que requiera la presencia de la Administración de Justicia cuando se abran las fosas “por existir indicios de delito en estas muertes”, teniendo en cuenta, recordó, que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben y se deben investigar”.
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