Amnistía Internacional, CEAQUA e Irídia han pedido a la nueva Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, que aclare si tiene competencias para emprender investigaciones por los crímenes del franquismo.
Las entidades sociales se han dirigido a Delgado para reclamarle un posicionamiento ante las querellas presentadas por crímenes del franquismo, después de que en el primer pronunciamiento del Ministerio Público tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria la fiscalía de Barcelona haya aludido a obstáculos legales y jurídicos para no investigar un caso de torturas en 1971.
Las entidades de defensa de los derechos humanos expresan su preocupación en una misiva remitida a la nueva Fiscal de Sala en la materia, nombrada el 7 de junio, y le piden que concrete sus funciones y el alcance de sus competencias, en particular su capacidad para intervenir e investigar por la vía penal.
Tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática el pasado octubre, las entidades memorialistas y de derechos humanos ya denunciaron las carencias de la norma respecto al derecho a la justicia y a la necesaria investigación judicial de los crímenes del franquismo, tal como vienen reclamando históricamente.
Explican, que la Fiscalía Provincial de Barcelona en su pronunciamiento “obvia el contenido de la ley en el sentido de aplicar el marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos” y reitera “los tres obstáculos a que se ha invocado hasta ahora para no investigar, perpetuando la impunidad: el principio de legalidad, la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos”.
E insta al juzgado a archivar la querella de Carles Vallejo, interpuesta por Irídia y Òmnium Cultural, por torturas en la Comisaría de Via Laietana en 1971.
En otra resolución del pasado mes de mayo, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid admitió a trámite una querella presentada por Julio Pacheco, por las torturas que sufrió en la Dirección General de Seguridad en 1975, caso por el que se ha citado como investigado a José Manuel Villarejo y a otros tres policías de la época, recuerdan las entidades.
Lamentan que no exista un criterio unánime por parte de los tribunales: dos semanas antes otro juzgado, en Navarra, desestimó otra querella de CEAQUA por las torturas policiales y la detención ilegal de María Concepción Edo en la sede de la Brigada Politicosocial de Pamplona en 1972, entre otros pronunciamientos dispares de los tribunales.
Para las organizaciones “estos obstáculos legislativos demuestran poca voluntad y compromiso político para asegurar y proteger el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
