Con anterioridad a la Ley de Memoria del estado español, aprobada en 2023, Andalucía tuvo la suya, conocida como Ley 2/2017 y, en el desarrollo de la misma, se diseñó un primer Plan Andaluz de Memoria Democrática, con una vigencia cuatrienal, comprendida entre los años 2018 y 2022.
El 20 de octubre se ha presentado el II Plan y, en estos momentos, está en fase de exposición pública, para recibir aportaciones de asociaciones y colectivos, así como de otras administraciones y entidades. Si todo va como se prevé, a mediados de noviembre, con el año ya casi concluido, podría estar el texto definitivo. Este marco del Plan Cuatrienal -en realidad, una declaración de intenciones- se concreta con mayor detalle en los sucesivos planes anuales.
Junto a estos documentos que definen las actuaciones, también existe un Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, como órgano regulador y gestor. En este Consejo existe una aplastante presencia de representantes de la Administración autonómica. De hecho, de 24 miembros, sólo 6 plazas están disponibles para las entidades memorialistas, lo que le otorga un fuerte carácter oficialista y, por tanto, está sujeto a las decisiones políticas del Gobierno de turno en la Junta de Andalucía y de sus líneas en materia de recuperación de la memoria.
Para acercarnos a los resultados de estos cuatro años anteriores, basta con mirar las memorias de las actuaciones que se han llevado a cabo en todo el territorio y, ahí se puede comprobar que, en una gran mayoría, las intervenciones se deben, sobre todo, al esfuerzo presupuestario de otras entidades: ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Agencia 20/30, entre otras. En la Comarca, también la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha subvencionado algunos proyectos de las dos asociaciones de la Casa de la Memoria La Sauceda.
Referidas ya a nuestra provincia, en la página de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, -donde se encuadra la memoria democrática- podemos ver un total de 10 intervenciones desde 2015. Todas se corresponden con trabajos relacionados con las fosas, bien sean los estudios preliminares, históricos y prospectivos para localizarlas, bien sean los de intervención arqueológica y antropológica.
Por lo general, el trabajo consiste en la búsqueda de información histórica, ya sea a través de fuentes orales, o de documentación en archivos, cementerios, etc., para aproximarse al área susceptible de contener fosas con cuerpos. En ocasiones, la Universidad de Cádiz, a través del equipo de localización mediante el empleo del georradar, confirma o certifica los datos. Este equipo ha intervenido en algunas zonas de Ubrique, Medina Sidonia, Tarifa, Algeciras, La Línea, San Roque. De esta manera se descubren alteraciones en los subsuelos que pueden obedecer a la presencia de fosas.
Posteriormente, los trabajos de arqueología sirven para extraer los cuerpos que se localizan, así como los posibles objetos que les acompañan y, entre todo, reconstruir lo que ocurrió. Finalmente, la labor de la antropología física es la que determina todos los datos que los cuerpos ofrecen, respecto a sexo, edad, circunstancias de la muerte, etc., así como el análisis genético que permite, en muchos casos, conocer la identidad de las víctimas.
Precisamente, los trabajos en el laboratorio con el ADN es una de las reivindicaciones de los colectivos memorialistas, ya que, la recogida de muestras de los familiares que permiten identificar a los cuerpos, se ha visto, en gran medida paralizada. La Universidad de Granada ha sido la que ha asumido dicha tarea y la creación de ese banco de ADN no puede dilatarse, porque los parientes más próximos de los fallecidos son ya personas muy mayores y estamos en riesgo de perder una información vital.
Siguiendo con las intervenciones, podemos señalar las llevadas a cabo en Setenil, Alcalá del Valle, Espera, Grazalema, Benamahoma, Bornos, Puerto Real, Paterna, etc. Este año 2023 también se ha excavado en el cementerio de San Roque, localizándose un cuerpo con señales inequívocas de violencia.
Pero, aparte de esta línea de trabajo de identificación de las fosas, quizá las actuaciones más destacables son las que se han puesto en marcha en el cementerio de San José de la capital, con sucesivas campañas desde 2016 y de las que aún se esperan localizar más datos, pero aportando unas cifras en torno a los 110 represaliados, aunque, en palabras del historiador José Luis Gutiérrez Molina. estaríamos hablando de unos 510 asesinados.
A nivel andaluz, el proyecto estrella ha sido el promovido por el ayuntamiento en el cementerio de Pico Reja, en Sevilla. Se trata de la mayor fosa de España, donde se han localizado los restos de más de 1.100 personas asesinadas. La Junta de Andalucía ha invertido 265.000€, lo mismo que la diputación, mientras que la aportación del ayuntamiento, ha sido de 680.000€. Sin embargo, el nuevo gobierno de la ciudad, recientemente formado tras las elecciones municipales, del Partido Popular, está argumentando dificultadas heredadas del anterior equipo para continuar con los trabajos.
Esto, grosso modo, es lo que podemos decir del panorama memorialista, en cuanto a exhumaciones se refiere. Sin embargo, la investigación sobre los represaliados está prácticamente olvidada en las directrices de la Consejería andaluza. Respecto a la difusión mediante congresos, encuentros, jornadas, conmemoraciones, etc., está, en su mayoría, en manos de ayuntamientos y movimientos cívicos. Otro desierto, como es lógico, si apenas hay investigación, es el que se refiere a las publicaciones, siendo, por lo general, una odisea para quienes tienen estudios que publicar, conseguir que sus resultados vean la luz, ya sean libros, documentales, etc.
Por dar algunas cifras, se ha calculado en 1’17 millones de euros, los destinados por la Junta en el año 2017 y, mediando la pandemia, un poco más, 1’18 en el año 2020, para los trabajos en fosas. A estas hay que añadir que el anterior gobierno nacional, encabezado por Mariano Rajoy, tenía a gala no haber gastado ni un solo euro en materia de memoria. Hemos tenido que llegar a 2021, para encontrar ya unos presupuestos mínimamente aceptables, como los 11 millones del ejecutivo central que, no olvidemos, tiene transferidas competencias a las autonomías. Y, precisamente el que seguramente ha sido momento culmen del período, sacar a Queipo de Llano de la iglesia de la Macarena, en Sevilla, ha sido una iniciativa en aplicación de la ley nacional, no algo promovido por la Junta de Andalucía.
Trabajar por la memoria histórica, a día de hoy, en nuestra comunidad, significa redactar y presentar proyectos a aquellas entidades de la Administración que convocan ayudas -la Junta no convoca-, para las exhumaciones, las investigaciones, las publicaciones, etc. que suelen ser muy parcas y apenas dan para cubrir gastos. Supone la búsqueda de documentación en archivos de toda índole y su posterior disposición para que sea entendible, lo que conlleva horas y horas de dedicación. Significa, buscar la cooperación -a veces, casi mendigar- de ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y de entidades privadas, como partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc. para cualquier acto, conferencia, evento conmemorativo, etc. Implica pelear porque en los municipios, se configuren los Consejos Locales de Memoria y, entre otras cuestiones, se puedan borrar las huellas aún visibles y patentes de la dictadura en nuestras calles y edificios. Comporta crear redes para la difusión de noticias y novedades. Buscar la complicidad de las universidades y las de los medios de comunicación sensibles con el tema. Es, casi en su totalidad, una tarea que familiares y colectivos asumen como una causa y a la que se dedican de manera altruista.
No obstante, hay logros. No puedo menos que hablar de lo que más conozco, la Casa de la Memoria La Sauceda, con sede en Jimena de la Frontera, desde donde – a veces en solitario, otras en colaboración con otros organismos- se han promovido proyectos importantes. Por mencionar los más recientes, la base de datos de los prisioneros gaditanos condenados en los batallones disciplinarios o el enorme trabajo relacionado con las desapariciones forzadas en Andalucía, que ha puesto en el mapa unas 800 fosas, en las que se calculan que unas 45.000 personas fueron arrojadas. También los cursos de verano de la UCA en San Roque, en los que siempre se incluye un seminario sobre memoria histórica.
Un colectivo también muy activo es la Asociación la Desbandá, que cada año organiza la marcha entre Málaga y Almería, rememorando el camino que hicieron un número incalculable de personas, mayoritariamente de Málaga, pero también del Campo de Gibraltar y la Serranía, ante la llegada del ejército rebelde, en febrero de 1937 y que sufrieron un sistemático bombardeo por cielo y mar y el hostigamiento desde tierra, lo que supuso un número incontable de víctimas que calificamos, sin ninguna duda, de genocidio. Este mismo colectivo, organizó en 2022 un congreso internacional en Mollina (Málaga).
Y así muchos otros colectivos y personas, se esfuerzan por solventar lo que el Estado o el Gobierno regional no han sido capaces de hacer. Las presiones para encontrar cuerpos, las lápidas que recuerdan a represaliados, los listados de personas asesinadas o encarceladas, la celebración de actos para reivindicar su memoria, los trabajos de investigación sobre guerrilleros, la recuperación de testimonios de familiares y un largo etcétera, son, en su mayoría, fruto de quienes desean desentrañar el episodio más negro de nuestra historia reciente.
Otra cuestión que también está en las agendas de los grupos memorialistas es el importantísimo asunto de la docencia, a la que la Ley de 2023 obliga, pero que se encuentra con la inexistencia de materiales didácticos y con el rechazo de algunos sectores del profesorado y las familias. Si embargo, un buen número de propuestas circulan ya entre el las redes de docentes, que comparten experiencias didácticas, pero siempre fuera de los circuitos oficiales, ya que la administración educativa no le ha prestado ninguna atención.
El día 25 del corriente, el consejero Bernal, responsable del área, en un acto para evaluar los resultados del primer Plan Andaluz, se defendió de las críticas ante la escasa actividad de la Junta en las tareas relacionadas con las fosas, asegurando que el principal objetivo para el Gobierno de Juanma Moreno es proseguir con las identificaciones. Obviamente, para ello habrá que reimpulsar los trabajos de la Universidad de Granada mediante la aprobación de presupuestos que permitan avanzar en los análisis de ADN. Por otro lado, si no se continúa exhumando, no habrá cuerpos que estudiar, aunque, como ya hemos dicho, conservar pruebas en el banco de ADN sería algo prioritario, que no precisa de los resultados de las excavaciones. Quienes están buscando a familiares no localizados, dejarían esas muestras para poder poner nombre a los cuerpos en futuros trabajos.
Para concluir, estaremos atentas al texto definitivo que se recoja en el II Plan Andaluz. No obstante, no nos merece especial confianza, ya que, lamentablemente, tampoco existe una exigencia social importante. Ha pasado mucho tiempo. Se ha empezado a desempolvar esta inaceptable página de nuestro pasado demasiado tarde. La Transición, que desde distintas posturas aún se ve inacabada, siguió tapando, como se había hecho durante la dictadura, los crímenes execrables sobre los que se fundamentó la “España Nacional”. La Ley de Amnistía de 1977 ha preservado los derechos de los verdugos sobre los de las víctimas.
Hay que proseguir, por tanto, devolviendo la dignidad a todas las personas que siguen en fosas y dar respuesta a sus familias. También, profundizar en la línea para considerar a la memoria de nuestro pasado reciente, no solamente como reivindicación civil, sino para incluirla en los planes de formación de todos los niveles educativos como materia de estudio. La universidad y el mundo de la investigación deben convertir las exigencias legítimas de verdad, justicia y reparación en tesis y contenidos históricos fiables, fuera de las versiones manipuladas que la dictadura nos ha dejado y que algunos sectores de la ultraderecha pretenden perpetuar.
