Aragón ha sido la primera región en derogar una ley similar tras las exigencias en los pactos de la ultra derecha
Badajoz
La ley de memoria histórica de Extremadura, aprobada en la Asamblea de Extremadura en diciembre de 2018, tiene las horas contadas a tenor de los pasos que están dando Partido Popular y Vox en otras Comunidades Autónomas. La primera en hacer efectiva su eliminación ha sido Aragón donde la pasada semana PP, Vox y el PAR apoyaron terminar con una legislación similar a la extremeña.
En Extremadura, en el acuerdo de gobernabilidad firmado al comienzo de la legislatura entre PP y Vox aparece en el punto 48: Promoveremos la concordia y el respeto a la memoria de todos los extremeños y españoles. Ambas formaciones se comprometen a impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real, y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018. La sociedad necesita acuerdos y normas de consenso, que no dividan en bandos, que no propicien la ruptura del pacto constitucional ni traten de moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada.
Sobre ello el partido de ultra derecha trasladaba que la derogación se va a llevar a cabo, ya que para ellos acabar con esta legislación es fundamental. También trasladan que el PP está en sintonía con ellos sobre esta voluntad y que no se tardará mucho en llevar a cabo.
Mientras desde la Junta de Extremadura dicen que el ejecutivo cumplirá con el acuerdo para la gobernabilidad y el cambio político en Extremadura, en el que se remiten al punto firmado por los socios de gobierno. Aseguran que es pronto para adelantar una fecha de su tramitación parlamentaria y que el gobierno regional mantiene todas las puertas abiertas al diálogo y al acuerdo.
Y desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura creen que es cuestión de tiempo que la coalición de derechas acabe con todas las leyes de este tipo en los lugares donde gobiernen. Su presidente, José Manuel Corbacho traslada que seguirán luchando en nombre de los familiares de las ¡victimas de la represión franquista y dice que la Junta tiene que tener claro que hay una línea roja, que es ley de memoria estatal que no se puede saltar, “es una ley aprobada por el Congreso de los Diputados, en la cual no tienen las plenas competencias las Comunidades Autónomas, como para dejar sin efecto”, destaca Corbacho. Desde ARMHEX inciden en que el dinero procedente de la ley estatal que se trasfieren a las regiones tienen que ir a labores de búsqueda de represaliados y que esperan que esos fondos no se desvíen para otros fines. También cuentan que por el momento la Junta de Extremadura no les ha convocado para hablar con las asociaciones memorialistas sobre esta cuestión.
