27.620 documentos históricos de titularidad pública continúan bajo el poder de la Fundación Nacional Francisco Franco cuatro décadas después de que se aprobara la Ley de Patrimonio Histórico Español.
- Inés García Rábade / Madrid–
Así lo recoge en su artículo 49 la Ley de Patrimonio Histórico Español. Una ley que lleva incumpliéndose cuatro décadas de democracia, desde que se aprobara allá por junio de 1985. Y es que, desde la constitución legal de la FNFF a finales del 76, los documentos que formaban parte del archivo personal del dictador han permanecido en sus manos. Sin que haya habido un solo intento por parte de las instituciones para recuperarlos. Hasta ahora. “Es inconcebible”, valora Fernando Hernández Holgado, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Al que le viene a la cabeza la comparación con nuestro vecino más cercano, Portugal. “Allí toda la documentación del dictador Oliveira Salazar está en un fondo especial, en el Archivo Oliveira Salazar, dentro del Archivo Nacional da Torre do Tombo”, señala el también docente. En otras palabras: es de dominio y consulta públicos. “El ejemplo perfecto de cómo se deberían haber hecho bien las cosas”, comenta Hernández.
¿Y qué es lo que se conoce? Según el informe de Cultura, dentro del fondo de la FNFF se conservan unos 950 documentos de los años treinta, 8.500 documentos de la década de los cuarenta, 9.500 documentos de la década de los cincuenta, 5.700 documentos de los años sesenta y 1.040 documentos de los setenta. Además de unos 2.000 sin fechar. Entre la documentación, amplía el inventario, se incluirían archivos históricos sobre las relaciones diplomáticas de la dictadura. Un ejemplo: los documentos que certifican las visitas de jefes de Estado extranjeros, como Eisenhower en 1959 o María Eva Perón en 1947. También se incluyen peticiones políticas remitidas por ciudadanos o distintas instituciones públicas y privadas. Así como documentación relativa a distintos acontecimientos de gran relevancia histórica. La Segunda Guerra Mundial, el estrechamiento de relaciones con EEUU, el ingreso de España en la ONU o las relaciones del régimen con sus colonias, como el Sáhara Occidental. “Hay una variedad enorme. Incluso informes de espionaje a los partidos clandestinos de la oposición. También mucha información reservada, que requeriría de una protección especial”, indica Hernández.
El inventario presentado por Cultura se apoya en la lista publicada en la web de la propia fundación. El acceso a documentación concreta -para valorar su contenido y estado- no es, en cambio, tan sencillo. Como investigador, primero tienes que presentar una solicitud. Con una copia escaneada de tu DNI, las normas de acceso firmadas y una relación de los documentos seleccionados. ¿El criterio de admisión? Desconocido. “Hay mucha gente que lo ha solicitado y a la que le han dicho que no”, apunta Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Recuerdo una investigación de Antonio Maestre, hace ya unos años, sobre empresas beneficiadas por el franquismo”, amplía el periodista. “Fue ver el tema y le cerraron las puertas”, asegura el portavoz de la ARMH. La fundación discrimina con una única vara de medir, critica Silva: si les conviene o no lo que se va a investigar. No solo eso. Además también cobran por ello. Un euro por página. Al menos si deseas recibir por correo una copia en PDF del original. La propia digitalización de los documentos de la fundación costó, en su momento, una suma considerable de dinero público: 150.000 euros. Una subvención que el Gobierno de José María Aznar otorgó a la entidad en el año 2003 para “microfilmar y digitalizar” su archivo.
“Algunos documentos los han hecho públicos”, reconoce Hernández. En una serie de tomos -cinco, para ser exactos- editados desde la propia fundación. El primero de ellos se publicó en el 92, con motivo del primer centenario del nacimiento del dictador. Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco, rezaba el titular. “Yo los fui adquiriendo a través de IberLibro y encontrabas cosas verdaderamente sorprendentes”, cuenta el historiador. “Un documento que me pareció especialmente relevante es el Anticipo de orientación política de Heriberto Quiñones”, hace memoria el investigador. Para el que no lo conozca, Quiñones fue uno de los dirigentes del Partido Comunista en el interior que, a principios de los 40, orquestó la reconstrucción del partido. “Ese documento es una especie de cuerpo de directrices que debería seguir la nueva dirección del Partido Comunista en la clandestinidad”, completa Hernández. El Anticipo estaba integrado en el sumario judicial que se le abrió a Quiñones, fusilado en octubre del 42. “El texto desapareció del sumario sin dejar rastro y, décadas después, reapareció en la publicación de la FNFF”, señala el docente. “Lo que evidencia que han cogido la documentación que han querido de todos lados”.
Una documentación con un valor histórico incalculable. ¿Por qué entonces no se ha requerido hasta ahora? “Eso se explica con lo que se llama la anomalía española”, responde Hernández. “¿Por qué se tardó tanto tiempo en trasladar el cuerpo de Franco fuera del Valle de los Caídos? ¿Por qué se ha sido tan permisivo con el patrimonio expoliado y todavía en manos de la familia del dictador? ¿Por qué no se había puesto hasta este año sobre la mesa la posible ilegalización de fundaciones, asociaciones y partidos filofranquistas?”, lanza al aire el historiador. Dos palabras: connivencia institucional.
“Otro miedo que tenemos es que los archivos se recuperen antes de que se ilegalice la fundación”, verbaliza Silva. Y es que, en junio de 2024, Cultura, de quien depende el Protectorado de Fundaciones, abría un periodo de actuaciones previas para obtener información sobre la actividad de la FNFF. Un período que terminaba hace algo menos de un mes. Con una conclusión: la fundación no persigue un “interés general”. Por el contrario, se dedica a la “apología del franquismo y enaltecimiento de sus dirigentes”, con el consecuente “trato con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas”. Tras la notificación a la fundación, se ha abierto ya el plazo de alegaciones, que culminará con la presentación de la resolución final en los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil. A la Fundación Franco le seguirán otras cuatro fundaciones con los nombres de figuras relacionadas con la dictadura: Queipo, Primo de Rivera, Serrano Suñer y Blas Piñar.
Público se ha puesto en contacto con la FNFF para preguntarle cómo valora la reclamación que ha iniciado Cultura de los documentos contenidos en su archivo. También le ha consultado sobre el criterio de acceso a dicho archivo. ¿A quién se le permite y a quién no acceder? Por último este diario ha querido saber si, con la subvención del Gobierno de Aznar, la fundación procedió efectivamente a digitalizar toda la documentación de su archivo o si queda, por el contrario, algún documento sin digitalizar y que incluso no aparezca en el índice publicado en su web. Hasta el momento de la publicación de este artículo, la FNFF no ha querido, sin embargo, ofrecer respuestas.
