La ARMH, presidida por el nieto del primer exhumado identificado genéticamente en España que era uno de ‘los 13 de Priaranza’, acusa al Gobierno de «falta de transparencia» al contabilizar el número de cuerpos exhumados en fosas pero no el de los identificados
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Ana G. Barriada
1 de octubre de 2025
Un grito para pedir «dignidad» para los represaliados por el franquismo en España que se lanza desde León. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que preside Emilio Silva, el nieto de la primera víctima desaparecida que fue identificada genéricamente en España tras la exhumación de una fosa común en Priaranza del Bierzo, exige que el Gobierno cree un banco de ADN para permitir la identificación de todas las víctimas del franquismo.
Lo hace con motivo de la respuesta que han recibido del ejecutivo central al ser consultado por cuántas de las personas exhumadas habían sido identificadas, fin último que persigue la asociación para dar paz a las familias y que puedan enterrar de forma digna a sus allegados. Según explica Silva, el Gobierno facilita el número de personas que se han exhumado con subvenciones en fosas comunes pero «oculta la verdadera cifra importante que es la del número de personas que han sido identificadas genéticamente y entregadas a sus familias para darles una sepultura digna».
En este sentido, explica que la Asociación ha llevado a cabo varios intentos para conocer la cifra de víctimas de la represión franquista que han sido identificadas en las exhumaciones que ha financiado el Gobierno, pero ese dato «no es accesible». «En una respuesta por el portal de transparencia llegaron a decirnos que no podían darnos esa información porque se encontraba en un formato de difícil acceso cuando es tan sencillo como pedirle un total a una columna de una base de datos», explica Emilio Silva, nito de uno de ‘los trece de Priaranza’.
25 años de la primera exhumación de la ARMH
El número de exhumaciones o de personas exhumadas no tiene «nada que ver con el número de personas que han sido identificadas» y de lo que se trata es de «buscar desaparecidos y devolverles la identidad». «El problema parte de que el Gobierno no ha querido abrir una oficina que atienda a las familias de los desaparecidos porque esa debería ser la forma de poner en marcha el proceso de búsqueda y no que una empresa dedicada a la arqueología reciba subvenciones del Gobierno cuando no ha investigado debidamente y encontrado a las familias», añade Silva.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició las exhumaciones científicas de desaparecidos en España en el año 2000. El próximo 21 de octubre se cumplirán veinticinco años de la primera que se llevó a cabo con técnicas arqueológicas y forenses. En la actualidad la ARMH lleva a cabo exhumaciones e identificaciones genéticas con sus propios recursos, sin ninguna subvención y exigiendo al Gobierno que «garantice» de Derechos Humanos.
España es «el único país del mundo que pretende resolver con subvenciones la búsqueda de personas desaparecidas por violencia política. No hay otro caso de otro país que por muy frágil política o económicamente que sea haya elegido esta forma que discrimina entre familias de víctimas que acceden a los recursos y las que no acceden a ellos», sigue Silva en un comunicado.
El programa Bonaparte «todavía no se ha encendido»
La principal crítica de la asociación llega por el banco estatal de ADN que se creó con la ley de Memoria Democrática. Pronto se cumplirán tres años de la norma y el Gobierno «ni siquiera lo ha puesto en marcha» mientras, asegura Silva, hace dos años «compró un costoso programa informático de manejo de perfiles genéticos, el Bonaparte, que todavía no ha encendido».
Ante esta realidad contundente, el navarro con raíces bercianas recuerda al ejecutivo central que el objetivo último de la búsqueda de desaparecidos es «identificarlos, que sus familias puedan conocer qué les ocurrió y enterrarlos dignamente».
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