El Juzgado rechaza sin embargo que la asociación ultra puede ejercer la acusación popular.
- Público / Madrid–
El juez de Instrucción número 38 de Madrid ha abierto diligencias a raíz de una denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos contra la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, por el presunto amaño en la adjudicación de contratos para el mantenimiento del Valle de Cuelgamuros, en Madrid.
Así consta en un auto en el que se incoa dicha apertura y se rechaza la pretensión de la citada fundación de formar parte del procedimiento al no haberse cumplido los requisitos procesales que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le exige a partir de la configuración legal del ejercicio de la acción popular.
Abogados Cristianos acusa a De la Cueva de la presunta comisión de delitos de prevaricación del funcionario público y malversación de caudales públicos.
Sin embargo, fuentes de Patrimonio Nacional han asegurado a este diario que el inicio del contrato “es previo al nombramiento de Ana de la Cueva como presidenta de Patrimonio Nacional”. Por lo que la actual presidenta no habría intervenido “en ninguna de las fases de licitación ni adjudicación”.
La organización de juristas denuncia la adjudicación de dos contratos para el mantenimiento de Cuelgamuros por valor de 600.000 euros a la empresa Limpiezas Manchegas Becquer, la única que se inscribió y presentó ofertas.
“Le fueron otorgados los contratos pese a que tiene problemas de impago con la Administración Pública, tiene sanciones por parte de Castilla La Mancha (donde está asentada) y tiene litigios pendientes del orden Social y Civil e incluso se le ha abierto expediente de ejecución forzosa”, señala la organización ultra.
No obstante, los criterios de valoración de esta licitación son automáticos y no dependen de juicios de valor. En este sentido, el contrato “se realizó cumpliendo de forma rigurosa la normativa administrativa y los requisitos de contratación del sector público”, aseguran las fuentes ya citadas a Público.
Además, en el expediente de contratación figura el certificado de no existencia de prohibición para contratar de la empresa adjudicataria, que fue expedido por el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público del Ministerio de Hacienda. Así, Patrimonio Nacional insiste en que ” la propuesta de adjudicación contó con la necesaria fiscalización favorable de la intervención delegada en el organismo”.
Sin embargo, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, insiste en que “esto es un claro ejemplo de que [el presidente del Gobierno] Pedro Sánchez quiere adueñarse del Valle por intereses económicos además de por cuestiones ideológicas”.
