Han pasado 47 años desde que Manuel José García Caparrós, con tan solo 19 años fuese asesinado a sangre fría de un disparo el 4 de diciembre de 1977. Un agente de la Policía Armada fue quien apretó el gatillo, aquel fatídico día en Málaga, pero que marcó para siempre la historia de la autonomía andaluza y de lo que significa el andalucismo, aunque hoy en día la se use para otros propósitos que nada tiene que ver. Mientras que su nombre forma parte de calles y aparece con frecuencia en homenajes institucionales su familia sigue reclamando para el lo más esencial: justicia, verdad y reparación.

Murió cuando intentaba colocar una bandera andaluza en la Diputación Provincial, en una manifestación pacífica que fue brutalmente reprimida. Su muerte fue uno de los episodios más oscuros de la Transición. Y, sin embargo, la familia considera que las instituciones siguen ocultando la verdad. “No puede haber víctimas del terrorismo de primera y de segunda”, insisten. Y en su opinión, eso es lo que está ocurriendo con quienes fueron asesinados o torturados por las fuerzas del orden en los años inmediatamente posteriores a la dictadura.

El 27 de febrero de 2024, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, acudió a un acto en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, donde anunció que el Ejecutivo impulsaría, junto a Sumar, una iniciativa legislativa para desclasificar totalmente los archivos del Congreso relacionados con el caso García Caparrós. La promesa levantó esperanzas en la familia, pero desde entonces, ya han pasado cuatro meses y no ha habido avances en ningún sentido.“Nos prometieron acceso completo a los documentos y aún no sabemos nada”, denuncia Purificación García Caparrós.

La situación no es nueva en si. Ya en el año 2018, enviaron una carta al presidente Sánchez con demandas similares, que tampoco fue atendida. Ahora han vuelto a escribirle, reclamando que se les reciba en Moncloa y que se dé respuesta a sus peticiones: “El Gobierno se está riendo de nosotras”.

El reconocimiento como víctima del terrorismo permitiría el acceso a derechos de reparación económica y a un estatus legal más sólido en la lucha por la memoria democrática. Pero el Gobierno, hasta ahora, solo se ha referido a García Caparrós como “víctima del posfranquismo”, un término que su familia rechaza por su carencia de contenido jurídico.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha reiterado que el Ejecutivo “está comprometido con la memoria democrática”, pero ha admitido que el tema está en manos de los grupos parlamentarios. La familia, sin embargo, exige hechos, no buenas intenciones. “Franco siguió matando en 1977”, escribió Dolores en la carta enviada a Sánchez. Y hoy, en 2025, su demanda es clara: dar luz en la oscuridad, acabar con la impunidad y reconocer lo que ya nadie puede negar —que García Caparrós fue una víctima del terrorismo de Estado.

Este caso, además, evidencia a brecha entre IU y el PSOE. Toni Morillas, portavoz de Con Málaga e integrante de IU, ha acusado al Gobierno de usar la memoria de Caparrós para hacerse la foto en fechas señaladas, mientras bloquea la desclasificación de documentos y frena los avances reales. “No se puede esperar a la próxima efeméride. Las víctimas necesitan respuestas ya”. Precisamente, la familia ha buscado el respaldo de Izquierda Unida y Sumar, y ahora preparan una nueva batería de iniciativas en el Congreso y los ayuntamientos.

Por ello, ante la falta de acción por parte del Ejecutivo, (aquel que celebra los 50 años de democracia y defiende la memoria histórica) las hermanas han anunciado que se sumarán a la querella argentina por los crímenes del franquismo. Se trata de la vía judicial abierta desde el año 2010 en el país de la albiceleste, encargada de esclarecer miles de casos de desapariciones forzadas, trabajo esclavo, bebés robados, torturas y asesinatos producidos entre 1936 y 1978.

La justicia, 47 años después, aún no ha llegado.

Una familia andaluza ante el ‘olvido’ de Sánchez: exigen que García-Caparrós sea víctima del terrorismo | Vozpópuli