EL CONFIDENCIAL | VÍCTOR ROMERO | 10-11-2016
La Comunidad Valenciana aprobará su propia Ley de Memoria Democrática a la estela de la legislación estatal impulsada por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Generalitat de Ximo Puig y Mónica Oltra ha presentado hoy las bases del anteproyecto que remitirá a las Cortes Valencianas y con el que pretende gestionar la apertura y recuperación de 300 fosas del franquismo repartidas por todo el territorio. Se trata de una labor que, sobre el papel, correspondería ejecutar al Gobierno de Mariano Rajoy, aunque estos trabajos están paralizados por la ausencia de consignación presupuestaria.
Para desarrollar la iniciativa, la Administración autonómica contempla crear el Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, según ha explicado la consellera de Justicia y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, en un acto de presentación del anteproyecto de ley protagonizado también por Puig y Oltra. El Instituto será el encargado de realizar las labores de estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la ley. Además, integrará un Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación. Este organismo funcionará como un ente autónomo y cuenta con una dotación presupuestaria para su puesta en funcionamientodurante el año 2017 de 224.000 euros.
La nueva norma contempla la prohibición de la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, como nombres de calles, lugares o títulos honoríficos. Asimismo, se prevendrán y evitarán los actos públicos que supongan un “menoscabo de la dignidad de las víctimas o sus familiares u homenajes al franquismo”, tal y como ha indicado la consellera, aunque fuentes de su departamento se han encargado de matizar que no podrá prohibir manifestaciones o concentraciones como las del 20-N, aniversarios de la muerte de Francisco Franco, porque no entra en sus competencias.
Lo que sí incluye la nueva ley es un régimen sancionador para aquellas personas o entidades que incumpla la ley. Las infracciones más graves están relacionadas precisamente con la preservación y cuidado de los lugares considerados como de memoria histórica. Destruir o tratar de hacer desaparecer una fosa de víctimas del franquismo sin autorización, por ejemplo, podrá ser sancionado con hasta 150.000 euros, al margen de otras acciones coercitivas previstas en el Código Penal. Del mismo modo, los propietarios de lugares que obtengan esa calificación memorialística estarán obligados a su conservación y mantenimiento. En caso de no hacerlo cometerán una falta grave que recibirá una multa de entre 2.000 y 10.000 euros. La intención de la Generalitat es crear un catálogo de espacios considerados Lugar o Itinerario de la Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana, que deberán estar abiertos al público y ser visitables.
Lugares abiertos al público por ley
Se considerarán infracciones leves, entre otras, la negativa a permitir la visita a esos lugareso la exhibición de símbolos contrarios a la ” a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas”, entre los que se entiende aquellos que se muestran “en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”. La multa en este caso oscilará entre 200 y 2.000 euros.
En lo se refiere a las fosas comunes y las víctimas, la Administración autonómica tiene previsto, y así lo establece la ley, elaborar un censo de víctimas, la localización de desaparecidos y la denuncia a la autoridad judicial de la “comisión de posibles delitos que se dedujeran de los hallazgos y vestigios”. El censo incluirá también a los valencianos de origen que murieron fuera de la autonomía, así como aquellos que fueron víctimas de la represión en campos de concentración “o en cualquier otra circunstancia vinculada al exilio y al desplazamiento forzado”. Además, la norma insta a la Generalitat a colaborar con otras administraciones y organismos para abordar la problemática de la desaparición de niños y niñas durante la dictadura franquista.
Contenido obligatorio en secundaria y bachillerato
La nueva ley, cuyo contenido formará parte currículo académico en el enseñanza secundaria y en bachillerato, conmina además al Gobierno valenciano a reclamar los fondos documentales incautados o trasladados durante la Guerra Civil y la posguerra relacionados con la Comunitat Valenciana y que se impulsen “medidas para la restitución del patrimonio documental incautado por las fuerzas franquistas”.
El texto que se enviará a las Corts está inspirado en otras normativas autonómicas como las ya aprobadas en Cataluña, Navarra, País Vasco o Baleares o las que están en tramitación como en Andalucía y Aragón. “No es una ley revanchista. Es una ley que busca recuperar para todas a las víctimas tres derechos fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la memoria”, ha señalado Bravo. “Se trata de pagar la deuda política y simbólica que tenemos con estas víctimas y a la vez rehabilitarlas moralmente”, ha señalado Ximo Puig.
http://www.msn.com/es-xl/noticias/otras/valencia-tendr%C3%A1-su-propia-ley-de-memoria-hist%C3%B3rica-para-abrir-300-fosas-del-franquismo/ar-AAk6ijs
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LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA PREVÉ MULTAS DE HASTA 150.000 EUROS
La Generalitat valenciana redacta una norma no “revanchista”, que integra a todas las víctimas
EL PAÍS | CRISTINA VÁZQUEZ | VALENCIA | 9-11-2016
La ley de Memoria Democrática y Convivencia de la Comunidad Valenciana, que regula el derecho de las víctimas y las familias de los dos bandos a la memoria, la verdad y la justicia, entrañará multas de hasta 150.000 euros a quien la incumpla. “Las víctimas y las familias reclaman reconocimiento y los valencianos no podemos ignorarlos”, ha defendido la consejera de Justicia, Gabriela Bravo,durante la presentación del anteproyecto de ley.
El anteproyecto de ley, que se prevé que entre en vigor a mediados de 2017, se ha presentado hoy en el Palau de la Generalirat y al acto se ha unido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. El presidente ha subrayado que la reparación es un elemento clave de la ley y ha dicho que “la solidaridad de un pueblo se refleja en su capacidad para recordar a sus víctimas”.
La titular de Justicia ha insistido en que no es una ley “revanchista”, sino que pretende “integrar a todas las víctimas, de ambos bandos. No queremos una ley que separe, sino que integre, un instrumento que sirva para cohesionar, no para dividir”.
300 fosas comunes
La Generalitat ha contado casi 300 fosas comunes con víctimas de los dos bandos sin identificar en la Comunidad Valenciana, donde murieron casi 11.000 personas, la mitad de ellas por la represión franquista y la otra mitad por la represión republicana
Hay casi 300 fosas comunes con víctimas de los dos bandos sin identificar
La nueva normativa da un plazo de un año desde su entrada en vigor para la retirada de elementos que sigan sustentando y apoyando la dictadura franquista, y establece sanciones de hasta 150.000 euros en los casos más graves cuando se incumplan las obligaciones establecidas en la ley.
Además, pretende crear un censo de víctimas y de desaparecidos, recuperar la documentación que fue confiscada y que forma parte del patrimonio cultural de los valencianos, y poner en marcha un Instituto de la Memoria, organismo autónomo que se encargará de canalizar todas las medidas que contempla la ley.
La ley española de Memoria Histórica regulaba desde 2007 la exposición pública o ensalzamiento de símbolos del franquismo. Varios ayuntamientos valencianos han tardado en acatarla y, en más de un caso, han tenido que ser los tribunales los que, previa denuncia, han obligado a los Consistorios a retirar símbolos franquistas.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/09/valencia/1478693857_914062.html
