Víctimas del franquismo confían en que Supremo impulse la ley de Memoria
Rafael Jiménez Claudín 23/02/2017
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunirá el próximo 28 de febrero, presidida por el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, para deliberar, votar y fallar sobre el recurso interpuesto para convertir el Valle de los Caídos en un Espacio de memoria de las Víctimas, en una causa iniciada por Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz en 2015
Baltasar Garzón considera que este acto judicial del 28 de febrero será “el momento y el lugar” para que el alto tribunal diga qué se debe hacer, crear doctrina y abrir un camino jurídico que vaya más allá de las reivindicaciones concretas que se plantean sobre el Valle de los Caídos.
Añade Garzón que los jueces tienen una obligación con las víctimas, porque han dejado pasar múltiples ocasiones de actuar según las recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas y del Consejo de Europa en esta materia.
Baltsar Garzón concretó que, por ejemplo, es inhumano que personas con 80 y 90 años hayan tenido que sortear todo tipo de obstáculos administrativos y políticos para intentar recuperar los cuerpos de familiares ejecutados extrajudicialmente en la guerra civil por el bando vencedor, y que solo hayan conseguido en algunos casos pasar página cuando han accedido a gobernar nuevas corporaciones de izquierda en ayuntamientos y comunidades autónomas .
A su juicio, un fallo favorable en este caso permitiría que se produjeran otras muchas resoluciones en cascada en los ámbitos de las tres administraciones: central, autonómica y local; y que problemas que han quedado enquistados por falta de voluntad política puedan resolverse en el sentido que piden las víctimas de reconocimiento y reparación de lo sucedido, y avanzar en el objetivo último de no repetición de esos crímenes.
El Valle de los Caídos
La iniciativa sobre el Valle de los Caídos que se dilucida ahora comenzó el 19 de noviembre de 2015, cuando Baltasar Garzón, Manuel Ollé y Eduardo Ranz presentaron por Registro ante el Consejo de Ministros un escrito de Derecho fundamental de Petición (art. 29 Constitución Española), instando a la reconversión del Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria de las Víctimas, entre otras medidas.
Posteriormente, y ante la falta de respuesta del Consejo de Ministros en el plazo legal de tres meses (silencio administrativo negativo), el 1 de marzo de 2016 se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo con las mismas peticiones, para que declarara la vulneración del artículo 29 de la Constitución, relativo al Derecho de Petición. Tras la evacuación del trámite para formular alegaciones sobre la competencia objetiva del órgano jurisdiccional, se dio traslado del expediente administrativo y se formalizó la demanda contencioso-administrativa el 29 de julio de 2016.
El 16 de septiembre de 2016, tras la admisión de la citada demanda, los peticionarios recibieron una resolución extemporánea del Consejo de Ministros, en lo que pareció ser un intento de satisfacción extraprocesal de las pretensiones de la parte demandante.
Petición al Consejo de Ministros
En el escrito al Consejo de Ministros de 19 de noviembre de 2015, los letrados solicitaban la salida de los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, la supresión de la simbología franquista y de los actos conmemorativos que se practican en el propio Valle de los Caídos, que pueden incitar al odio. Y también, arbitrar exhumación e identificación de los restos de las víctimas y la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares, como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral.
El escrito solicitaba la anulación y derogación de las normas de creación de la Basílica y de La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que datan de 1940 y 1957 respectivamente, ya que contradicen la Constitución española y el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. Consideraban que la anulación debía extenderse, expresamente, al preámbulo y a todos aquellos preceptos que se refieren a la naturaleza y justificación del monumento y del lugar, así como a la utilización y destino del mismo, que imposibiliten su consideración como instrumento de reconciliación.
Refería el escrito que ambas normas “responden a la misma idea de exaltación de la Dictadura franquista y todo lo que la misma comportó para las víctimas de la misma. La afirmación de que el monumento respondía al sentido de la Unidad y hermandad de los españoles y por tanto era una ofrenda a todos los caídos, no responde a la realidad, por cuanto en dicho monumento se encuentra ubicada la tumba del propio dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange Española José Antonio Primo de Rivera; se erigió con el trabajo esclavo de miles de presos la propia idea y construcción es en exaltación de la dictadura y del propio dictador, los símbolos son los de la dictadura, y la inhumación de las víctimas del franquismo se realizó sin conocimiento ni autorización de las mismas, lo que implicó una nueva revictimización para éstas”.
Pedían los juristas la aprobación de una disposición de carácter general que establezca un nuevo marco jurídico relativo a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, sus bienes y situaciones jurídicas que cuenten con un mecanismo de consulta para que las víctimas puedan participar en la formulación y desarrollo de dicha normativa.
Una normativa que debe incluir la transformación del Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria, donde las víctimas de la dictadura franquista y sus familiares puedan ejercitar su derecho a la verdad y a la reparación. Y también un lugar de identificación, dignificación y homenaje de quienes se encuentran inhumados; la publicación oficial del nombre de todas las víctimas; información suficiente para que quienes acudan a visitar este nuevo espacio, puedan conocer su sentido original y actual. Del mismo modo se debía contemplar la creación de un Centro Ocupacional de Memoria. Y por último, los mecanismos que garanticen el más amplio acceso a los archivos e información, de El Valle de los Caídos.
Según la demanda, el espacio debe incluir:
- Un lugar de identificación, dignificación y homenaje de quienes se encuentran allí inhumados.
- La publicación oficial del nombre de todas las víctimas.
- Información suficiente para que quienes acudan a visitar este nuevo espacio puedan conocer su sentido original y actual.
- La creación de un Centro Ocupacional de Memoria.
- Mecanismos que garanticen el más amplio acceso a los archivos e información del Valle de los Caídos, con sujeción expresa a las normas aprobadas en la Ley de Transparencia de 9 de diciembre de 2013.
Se solicitaba asimismo el establecimiento de la dotación económica suficiente a cargo del Estado, para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas en el lugar, previa solicitud al efecto. Y, por último, la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del estado pida perdón a las víctimas de la guerra civil y la dictadura y a sus familiares, como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral.
Víctimas del franquismo confían en que Supremo impulse la ley de Memoria
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+ info:
► El alto tribunal responderá así al recurso interpuesto por Baltasar Garzón, Eduardo Ranz y Manuel Ollé para la aplicación de la ley de Memoria Histórica
► Piden, entre otras demandas, trasladar el cuerpo de Franco y Primo de Rivera y que el Estado financie la exhumación e identificación de las víctimas
INFOLIBRE.ES | SABELA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 23-2-2016
El próximo martes 28 de febrero el Tribunal Supremo deliberará, votará y fallará sobre la conversión del Valle de los Caídos en un espacio de memoria para las víctimas. Lo hace como respuesta al recurso interpuesto por Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz, quienes en marzo de 2016, y ante el silencio del Consejo de Ministros tras una primera petición formal, instaron mediante un recurso contencioso-administrativo a reconvertir el Valle de los Caídos en un espacio dedicado íntegramente a recuperar la memoria histórica de las víctimas del franquismo.
En noviembre de 2015 Garzón, Ollé y Ranz elaboraron un escrito dirigido al Consejo de Ministros en el que formulaban una serie de peticiones relacionadas con el Valle de los Caídos: la salida de los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, la supresión de la simbología franquista, la organización de la exhumación e identificación de los restos de las víctimas y la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria para que el Estado pida perdón. El pasado 9 de febrero, precisamente, el grupo parlamentario socialista registró en el Congreso una proposición no de ley para trasladar los restos del dictador.
En su escrito, solicitaban además la aprobación de una disposición de carácter general capaz de establecer un nuevo marco jurídico relativo a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de forma que prime la transparencia en sus cuentas y que se ponga en marcha un mecanismo de consulta para que las víctimas participen en el desarrollo de la normativa. Este jueves los autores de la iniciativa comparecieron ante los medios para recordar que la Fundación recibió, desde el 2012 y hasta el 2015, subvenciones por un importe de 340.000 euros anuales, lo cual “estaría bien si se convirtiera en un espacio de memoria”, tal y como ha señalado Baltasar Garzón. En este sentido, pedían también la dotación suficiente a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas en el lugar, que ascienden a 33.847. Eduardo Ranz ha defendido, además, que “el Estado es el responsable de la exhumación, primero porque lo dice una ley y segundo porque el Estado es el responsable de lo ocurrido”.
La petición requería también la “publicación oficial del nombre de todas las víctimas” y la cesión de toda “información suficiente para conocer el sentido inicial y el sentido actual” del espacio. Respecto a la convocatoria de un acto oficial para pedir perdón a las víctimas, Garzón apuntó que debe ser “el jefe del Estado” quien lo realice, “como manifiesto del pleno reconocimiento y reparación moral”.
Esta primera demanda, sin embargo, fue desoída por el Consejo de Ministros, quien no aportó respuesta alguna en el plazo legal de tres meses, incurriendo de este modo en un silencio administrativo. Como consecuencia, los impulsores de la petición registraron en marzo del 2016 un recurso contencioso-administrativo ante la sala tercera del Tribunal Supremo, con las mismas peticiones y, además, solicitando que se declarase la vulneración del artículo 29 de la Constitución, relativo al Derecho de Petición.
Sobre el recurso se posicionará el próximo martes 28 de febrero el Supremo, en lo que los autores consideran una “oportunidad histórica” para que los tribunales manifiesten que “en España también existe el derecho de memoria para todas las víctimas”. El problema, a juicio de Baltasar Garzón, es “que no se quiere hacer”, y el hecho de no aplicar una norma, como la ley de Memoria Histórica, implica una actuación que “es ilegal”.
Respuesta tardía del Gobierno
Después de que el recurso fuera tramitado por el Tribunal Supremo, el Consejo de Ministros remitió una respuesta fuera de tiempo a los peticionarios, “en lo que pareció ser un intento de satisfacción extraprocesal de las pretensiones de la parte demandante”.
En su resolución, el Consejo señalaba el Informe de la Comisión de Expertos sobre el Valle de los Caídos del 28 de noviembre de 2011, respecto al deterioro del conjunto y a la necesidad de hacer del lugar un espacio “de encuentro de todos los españoles fueran cuales fueren sus ideologías”. El escrito, tal y como han señalado los demandantes, hace hincapié en “las dificultades políticas y sociales que supone la ejecución de las recomendaciones de la Comisión y de las limitaciones de los recursos públicos para llevarlas a cabo, debiendo lograr los más amplios consensos sociales y políticos”.
Eduardo Ranz ha subrayado, en este contexto, la necesidad de un “comité de científicos acreditados que expliquen los problemas arquitectónicos del Valle de los Caídos”. Ranz señala, respecto a los recursos disponibles, que la Abadía Benedictina ha recibido 340.000 euros cada año en forma de subvenciones para “levantar las cargas espirituales impuesta por el fundador y atender a la finalidad social”. También la Fundación Franco recibió una partida “de 150.000 euros para digitalizar archivos durante el Gobierno de Aznar”. Sin embargo, señala el abogado, las víctimas del franquismo “se ven obligadas a privatizar las exhumaciones” porque no cuentan con ningún tipo de ayuda.
“El Gobierno del PP frenó las subvenciones y cerró la oficina de víctimas”, ha continuado Ranz, de modo que “la ley de Memoria Histórica la han derogado de facto”. Por su parte, el letrado Manuel Ollé ha señalado que, de haber voluntad por parte del Estado español, el Valle de los Caídos podría convertirse en un espacio de homenaje hacia “el derecho de reparación, memoria, justicia y garantía de no repetición”. Ha recordado, además, ejemplos como la Escuela Mecánica de la Armada en Argentina, que ha calificado como un lugar “de encuentro, memoria y educación”.
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