Tiempo de hastío
Parece ser que el ministro Torres, de cuyo gabinete dependen ahora los temas de memoria, está dispuesto a negociar con las Comunidades gobernadas por el PP, y que derogaron en estos últimos meses sus normativas por el pacto de gobierno que mantenían con los de VOX en esos territorios, con el objeto de respetar y de mantener los contenidos que promuevan la reparación, la justicia y el derecho a conocer la verdad en sus respectivas propuestas de concordia ya aprobadas o en vía de serlo, o paralizarlas para incluir dichos contenidos en esos nuevos textos e impedir a la par recurso ante el Tribunal Constitucional (como ya ha ocurrido con la aprobada en Aragón) al presentarse como textos enfrentados con el fondo de la ley de 2022.
Ante esta declarada voluntad de entendimiento por parte del Gobierno central, nos es necesario dejar señalado aquí algunos elementos irrenunciables a la hora de entenderse con la derecha en cuestiones referentes a lo que a las políticas públicas de memoria se refiere, que, como síntesis y en esencia, serían:
- La no equiparación de república y dictadura, como queda explícitamente reflejada en los textos de las propuestas de normas de las derechas.
- La condena explícita al franquismo y a sus crímenes.
- El reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura.
- La continuación de la búsqueda de las personas desaparecidas.
- La participación de las entidades memorialistas y la no obstaculización de su labor social y ciudadana.
- La observación escrupulosa de las disposiciones internacionales sobre derechos humanos para la reformulación y aplicación de esas propuestas en sus respectivos territorios.
Sin olvidar, de paso, que lo que hay que de verdad fomentar, implementar y desarrollar es la ley de memoria vigente en la actualidad, marco de rango superior a las autonómicas y, por tanto, de obligado cumplimiento en todo el país. Es más, a nuestro entender, las políticas públicas de memoria democrática son esenciales para el fortalecimiento de una sociedad tolerante y contraria a los discursos de odio que hoy en día padecemos. Lo sucedido estos días pasados en Fuensalida no es más que otro ejemplo de ello; de una sociedad de convivencia y de real concordia que avance hacia una auténtica y plena soberanía.
Pero no sólo la vandalización del memorial a los guerrilleros del cementerio de la localidad toledana, también las tumbas de Pablo Iglesias (pieza arquitectónica catalogada y protegida), Largo Caballero o de Dolores Cebrián han sido violentadas durante este verano, y aquí también debemos dejarlo señalado, coincidiendo con la imputación del presidente balear por el juzgado nº1 de Palma en relación con lo sucedido, y protagonizado por el político de VOX durante el pleno en el que se debatía la derogación de la ley balear de memoria, donde este sujeto forzó y desgarró las imágenes de tres mujeres víctimas de la represión, asesinadas tras la guerra, como ya se dio cuenta en su día desde esta misma columna. Gabriel Le Senne está citado por el juez el 27 de septiembre; que se lo vaya pensando el equipo popular del gobierno de las islas, que miró para otro lado cuando se pidió su destitución, y rectifique si tienen capacidad política y visión estratégica para llevar a cabo un compromiso con nuestra historia reciente, y en una coyuntura a la que se ha de sumar el empeño de los ediles populares gaditanos a devolver el nombre del golpista Ramón de Carranza al estadio de fútbol, de titularidad municipal, actitud que ofrece pocas esperanzas para esa profunda rectificación deseada por el ministro Torres con la que comenzábamos esta columna.
