Francisco Millán Luna nació en Zahara de la Sierra (Cádiz) el 18 de febrero de 1917 y heredó de su padre el sobrenombre de Mirro. Vivía en la calle Barrero, era trabajador del campo y estuvo afiliado a la UGT. Alguna gente de derechas lo tenía por uno de «los más destacados elementos de significación izquierdista». Se evadió a Ronda en el verano de 1936 después de tener un enfrentamiento con un simpatizante del golpe. Pertenecía al reemplazo de 1938 y en el expediente de alistamiento del Ayuntamiento de Zahara se anotó junto a su nombre: «rojo». Se incorporó con su reemplazo al Ejército Popular de la República y lo enviaron al frente de Teruel con un batallón de infantería de la 215 Brigada Mixta, pero desertó o lo capturaron en el sector de Peña Blanca y cuando terminó la guerra estaba preso en un campo de concentración en León. En lugar de pasaportarlo a Zahara lo que hicieron fue enviarlo a un batallón de trabajadores en Astorga y no regresó al pueblo hasta el 20 de mayo de 1940.
Francisco volvió a Zahara justo cuando su hermano Gonzalo acababa de ser enviado a uno de los batallones de trabajadores del Campo de Gibraltar y evitó dar motivos de queja a las autoridades, que lo tenían sometido a vigilancia por sus antecedentes izquierdistas. A la familia del Mirro se le vino el mundo abajo cuando el 16 de abril de 1941 les comunicaron que Gonzalo había fallecido en el hospital militar de Algeciras. La madre, Dolores Luna, sufrió un ataque de nervios y se desvaneció y —según los denunciantes— uno de sus hijos —unos decían que fue Francisco y otros que Gaspar— salió a la calle muy alterado y profiriendo insultos contra el Ejército, contra el régimen y diciendo que todos eran unos asesinos, unos infames, traidores y canallas. Ni la Iglesia ni los santos se libraron de los improperios.
El alboroto que se formó en la calle Barrero fue oído por el teniente de alcalde y falangista Miguel Aguilar Sánchez, que dio parte a la Guardia Civil, y el cabo Salvador Lozano trató de averiguar quién había proferido semejantes barbaridades. Gaspar, el hermano menor de Francisco, que entonces tenía 18 años, admitió que había sido él, pero subrayando que lo hizo por el estado de nerviosismo que le causó la noticia y que estaba arrepentidísimo de lo que había dicho. Lozano lo detuvo, pero también a Francisco, pues estaba convencido de que los dos profirieron los insultos, pero que luego se pusieron de acuerdo para que Gaspar, que estaba menos expuesto por ser menor y carecer de antecedentes políticos, asumiese toda la responsabilidad.
Pasaron más de dos años hasta que Francisco fue juzgado en Cádiz en la sala de justicia del Regimiento de Infantería n.º 33. Mientras tanto, los dos hermanos habían sufrido cuatro meses y medio de prisión preventiva en la cárcel del pueblo y en la prisión provincial de Cádiz; Gaspar se había estado presentando quincenalmente en el puesto de la Guardia Civil de Zahara y Francisco, que se incorporó al ejército por haber estado en zona republicana cuando su reemplazo fue movilizado, pasó más de un año en batallones disciplinarios y de castigo de las provincias de Cádiz, Córdoba y Toledo antes de que lo destinasen al regimiento de artillería de Ciudad Real.
Gaspar continuó repitiendo que fue él, y no Francisco, quien pronunció los insultos y hubo vecinos que trataron de restar importancia a los antecedentes del mayor diciendo que la culpa era de su analfabetismo, pero que «llevándole por buen cauce se regeneraría» (Antonio Gil Luna) y que era «un individuo que lo mismo se va a un lado que a otro y no tiene el sentido común necesario para distinguir lo bueno de lo malo» (Francisco Luna Reyes). Pero nada de eso sirvió contra la declaración de Miguel Aguilar Sánchez, que aseguraba que fue él quien pronunció las frases injuriosas contra el régimen, el Ejército y la religión católica («blasfemando y nombrando a todos los santos del cielo») y la convicción manifestada por el cabo de que ambos tomaron parte en los insultos sin que se pudiera aclarar «cuál de los dos tuvo más obcecación». A la hora de dictar la sentencia el consejo de guerra debió de tener más presentes sus antecedentes —«un individuo peligroso en su actuación política», según el cabo Lozano— que si realmente había pronunciado o no las frases que le atribuían y lo condenó a tres años de cárcel por delito contra la seguridad del Estado y comenzó a cumplir la pena en el castillo de Santa Catalina de Cádiz.
Fuente
F. Romero Romero y M. Villalba Palma: Zahara de la Sierra: Caciquismo, República y Guerra Civil. Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucia, 2019.