elconfidencial.com | Peio H. Riaño | 16-10-2014
Así están las cosas: en España nunca ha prosperado un recurso de revisión de una sentencia procedente de un consejo de guerra franquista por un delito político. Tampoco los miles de juicios sumarísimos de personas anónimas en la guerra y posguerra han sido anulados ya en democracia. “La judicatura no ha hecho la Transición de la dictadura”, explica a este periódico Gutmaro Gómez Bravo, profesor de historia contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, que acaba de publicar una profunda revisión histórica del caso de Salvador Puig Antich, en la que desvela las cuentas pendientes del poder judicial con el pasado.
Los detalles del proceso contra el anarquista catalán –último ejecutado por garrote vil en España hace cuarenta años- son aún materia reservada. A pesar de ello, el historiador ha trabajado con los tres tomos del sumario 106-IV-1973, para reconstruir la causa, mucho más que una simple venganza por el atentado contra el presidente Carrero Blanco. Además, una masa documental recientemente desclasificada –cables, telegramas, informes y notas consulares- le ha permitido reconstruir las acciones de “una dictadura incapaz ya de mantenerse sin la utilización de la fuerza”.
Gómez Bravo ha trabajado con los informes de la embajada estadounidense, que demuestran que el principal interés al retomar la pena de muerte por parte del tardo franquismo era terminar con el malestar entre el Ejército y la policía política. Puig Antich: la transición inacabada (Taurus) termina estrellándose con la democracia: en 2005 la familia solicitó la autorización ante la sala V (de lo militar) del Tribunal Supremola revisión del caso ante la nueva documentación y las irregularidades del proceso militar. Dos años después, se denegó la solicitud por tres votos a dos. El auto, además, supone un aviso disuasorio para otros ajusticiados políticos del franquismo, porque por la sala pasará cualquier revisión de las sentencias de los tribunales militares.
El autor escribe que autorizar la revisión de la causa habría supuesto “aceptar la participación de la judicatura en un sistema represivo como el franquista, dirigido, básicamente, desde la justicia militar, pero en estrecha colaboración con la Administración de la justicia civil”. De hecho, en el auto de la negación se define al franquismo como “el orden institucional vigente”, aclarando que aquellos consejos de guerra tuvieron validez y fueron legales.
“Creo que el caso de Puig Antich demuestra la supervivencia del régimen en nuestros días”, explica Gómez Bravo. La transición muere sin haber hecho los deberes. El poder judicial tiene la llave para desmontar esa “legalidad ficticia o apariencia pseudojurídica en que se amparaba la dictadura”, pero, según el historiador, todavía no está dispuesto a asumir. Sobre todo, “en la cúspide del sistema judicial de profesionales a los que promocionaron en los últimos años del franquismo y en la transición a la democracia”. Hasta que la judicatura no revise “su papel en la legitimación del franquismo y reconozca que cooperó con la represión” el proceso democrático seguirá pendiente.
La estigmatización de la memoria
La otra gran cuestión del libro es la estigmatización de la memoria española. Si el Tribunal Supremo da por buena una sentencia de un consejo de guerra franquista de 1973, ¿qué ha pasado con la revisión histórica en todos estos años? Tal y como explica el autor, la memoria ha generado un proceso de miedo, un proceso a la inversa que ha bloqueado recordar y asumir el relato histórico. “Todavía no se ha producido una condena contra el franquismo. Por encima de esa retribución personal del este caso y de otras sentencias ilegítimas, hay algo como sociedad que no funciona”, dice.
“El poder judicial debe ser el órgano que revise el franquismo, porque quitaría dramatismo a la memoria y daría normalidad al proceso”, resume. Para los historiadores no es el revisionismo histórico que sufrimos en la actualidad lo que ha calado en la sociedad, sino una percepción negativa de la memoria y de quienes reivindican su necesidad, “acusados de remover el pasado por razones oscuras”. Una visión que ha permeado también en la judicatura.
Curiosamente, el ensayo histórico planea sobre dos votaciones en el Congreso de los Diputados, muy significativas en el proceso de recuperación histórica: la Ley de la Memoria Histórica (el 31 de octubre de 2007), con 185 a favor, 137 en contra; y la votación de la Justicia Universal Limitada (27 de febrero de 2014), con 180 a favor y 137 en contra.
Historia sin desclasificar
Los archivos son otro acuerdo pendiente con la memoria de este país. El archivo general de seguridad, 190.000 cajas, sigue sin desclasificar, y ni siquiera Carmen Chacón, ex ministra de Defensa, firmó la apertura de este material que se guarda en Ávila. Ahí están todos los confidentes y las redes de espionaje hasta los años cincuenta. Ahí se guardan las redes municipales del servicio secreto, conocerlo ayudaría a conocer cómo la dictadura se asentó sobre un control laboral, de la información, de los movimientos y, finalmente,cómo era el mecanismo represivo del franquismo. No es el único que está pendiente de apertura (el diocesano en Toledo, el del servicio Exterior, el de la propia Policía). “Si algo bueno tiene una dictadura es que guarda todo el papel”, dice el historiador.
Por cierto, Franco ¿autoritario o totalitario? “Una dictadura autoritaria, un sistema político y social autoritario, una dictadura que en sus últimos años vuelve a los mecanismos de represión del principio, con más eficacia, con la imagen amable de la tecnocracia”, responde Gutmaro Gómez Bravo a este periódico. “La represión es la columna vertebral del franquismo”.
En España la memoria se combate con típex en los papeles de los archivos. El miedo es una mancha blanca que oculta información sensible de hace 75 años sin liberar. La transición es del color del típex que oculta el pasado.
