El ministerio estará dirigido por el expresidente canario Ángel Víctor Torres. Varios familiares de represaliados analizan qué puede suponer esta nueva etapa para el avance en la justicia, la reparación y la verdad de las víctimas del franquismo.
“Estoy en la mani. Aquí de lo que te vas a enterar es de esto, ¿lo oyes?”. De fondo se escucha: “¡Que viva la lucha del pueblo palestino!”. Paqui Maqueda atiende a La Marea, desde Sevilla, horas después de que el presidente del Gobierno anunciara que el jueves viajaría a Israel y Palestina y horas después de que anunciara, también, que las políticas de memoria pasaban de Presidencia a otro ministerio con nombre propio. Compartido con otra área, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática estará dirigido por el expresidente canario Ángel Víctor Torres. «Trabajaré con toda mi energía y el más absoluto compromiso con mi país y sus territorios. Por la convivencia, la cohesión y por la memoria. Siempre he considerado que el diálogo es el soporte principal de la política útil. Me esforzaré al máximo», escribía el dirigente en un mensaje en el que daba las gracias a Sánchez por su designación.
“Es un empujón, una implicación por parte del Estado”, dice rotunda Maqueda, que lleva años y años peleando con administraciones de todo los colores y nomenclaturas diversas. En Andalucía, por ejemplo, las políticas de memoria están guardadas –ocultas, precisan los colectivos memorialistas– en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. “Quieren hacer de la memoria un simple hecho arqueológico”, decía recientemente en un acto el historiador José Luis Gutiérrez.
No es la primera vez que la Memoria Democrática da nombre a un ministerio. Y, aunque aún no cuenta con uno propio, exclusivo, en esta ocasión el Gobierno ha adelantado el apellido. En la anterior legislatura, cerraba el nombre de Presidencia y Relaciones con las Cortes. Ahora, escala al segundo puesto, después de Política Territorial. ¿Qué quiere decir esto?
Para el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, que es muy crítico con la Ley de Memoria Democrática y las políticas que se están llevando a cabo, representa más una falta de criterio: “No entiendo muy bien el baile de competencias en los tres gobiernos de Pedro Sánchez. La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo lleva toda la vida en el organigrama de Interior. Hay un discurso político que explica perfectamente dónde ubicar estas políticas. En memoria no lo hay”, sostiene.
Maqueda, sin embargo, lo ve como un gesto importante: “Es demostrarle que seguimos aquí, sobre todo a los negacionistas y a aquellas administraciones que, como la andaluza y ahora la local de Sevilla, con el PP al mando, intentan mirar para otro lado e intentan decir que no tienen competencias. Es un gesto importante, muy significativo de atención a las víctimas. Es decir, estamos con vosotros y elevamos la categoría”.
Para VOX, para la ultraderecha, es la línea roja que siempre pone encima de la mesa cuando el gobierno del PP depende de ellos. E incluso sin VOX en las instituciones, el PP de Mariano Rajoy ya arrojó la memoria al símbolo de la inanidad. Es una cosa de abuelos, dijo el exlíder del PP Pablo Casado. Su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, llegó a anunciar en la campaña del 23-J que derogaría la ley de memoria si gobernaba.
Como todo el mundo sabe a estas alturas, el PP no ha podido gobernar ni siquiera con el apoyo de la ultraderecha. Y lo que ha ocurrido, hasta el momento, es que, lejos de derogarse la ley estatal, el Gobierno ha decidido dar más visibilidad o, al menos, seguir dando visibilidad a la memoria.
PP y VOX, en contra de la ley de memoria
Así, mientras el PP y VOX se afanan en su intento por derogar las leyes de memoria en las distintas comunidades autónomas donde han conseguido gobernar, como en Cantabria y Aragón, el nuevo Gobierno progresista de PSOE y Sumar avisa –según sus dirigentes– de que el Estado irá por otro camino, el de la política pública de memoria, que no es otro, que no debe ser otro que el de los derechos humanos.
“Es que los derechos humanos no se subvencionan. Y la memoria son derechos humanos. Llevamos tanto años pidiendo y gastándonos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía…”, dice Pilar Gimeno, presidenta de la Plataforma de Asociaciones de Memoria de Aragón (PAMA). “Yo todavía no he encontrado a mi tío, que creo que puede estar en la caja de Cuelgamuros”, cuenta quien, por ejemplo, asegura que invirtió la paga extra que tenía prevista para unas vacaciones en una exhumación. “La única forma de parar el fascismo es con la memoria democrática, porque ahí dices la verdad, están los relatos de la gente que queda, lo auténtico, eso sí que tiene un peso tremendo, y se debería hacer una conferencia nacional o internacional de memoria democrática. Tenemos que estar ahí al pie del cañón”, insiste.
En un comunicado, la plataforma denuncia cómo el PP se ha plegado a los postulados de VOX: «Para la derecha ultra y reaccionaria la memoria democrática no existe. Esa parte del siglo XX que este país vivió, ese gobierno legítimo republicano que fue ‘derogado’ por un golpe fascista, los tres años de salvaje guerra que siguieron, los 40 años de dictadura franquista, los miles y miles de personas asesinadas, torturadas, esclavizadas, exiliadas, expoliadas, los bebés robados… no forman parte de nuestra historia, no es una parte de nuestro pasado reciente que hay que conocer, explicar y proteger».
Que en la nueva legislatura la memoria se gestione junto a la política territorial puede avisar también de por dónde irá el camino: “Creo que tiene que ver con la confrontación que va a existir con las comunidades que están derogando leyes”, afirma Silva, que ve también un interés político y partidista en el propio enfrentamiento. Hacer depender las subvenciones de un gobierno o de otro, al final, concluye Silva, crea una discriminación entre víctimas.
¿Qué hará el Gobierno más allá de los nombres?
¿Hará el Gobierno todo lo que tiene que hacer para reparar y dar justicia a las víctimas del franquismo más allá del ministerio que gestione estas políticas? La memoria pasó de una Dirección General a una Secretaría de Estado, se aprobó una ley mucho más avanzada que la de 2007, se han realizado exhumaciones dantescas como la del cementerio de Sevilla o la del Valle de los Caídos, de donde salió Franco… Pero hay, por ejemplo, quien vio como un error garrafal no haber dejado la memoria en manos de Podemos cuando tenía poder en el Consejo de Ministros; hay quien considera que la ley sin voluntad política no sirve de nada, que no hacen falta leyes para avanzar si lo que se quiere realmente es avanzar; y quien está cansado de promesas cuando ya no queda prácticamente tiempo, cuando muchos hijos e hijas de víctimas han muerto sin una reparación de Estado.
“Puede ser bueno si el ministro tiene interés y se rodea del mismo equipo que había ahora, que está llevando todo la exhumación de Cuelgamuros”, explica Gimeno, con elogios hacia el que ha sido hasta ahora secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y su equipo.
Maqueda expresa el mismo anhelo: “Ojalá, ojalá, ojalá –repite tres veces– que la gente que trabaje en este ministerio tenga la sensibilidad suficiente y la fortaleza como para contrarrestar todo este discurso negacionista y, sobre todo, tiene una tarea muy importante, que es parar las agresiones que hoy por hoy se están dando, fundamentalmente en las sedes del PSOE en Ferraz, concretamente, de exaltación de la simbología fascista”. Silva dice que habrá que esperar para ver qué se hace.
