El PDeCat pide en el Congreso la reparación por ley de las víctimas del franquismo

DIARIO SIGLO XXI | SERVIMEDIA | MADRID | 12-11-2017

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes la toma en consideración de una proposición del PDeCat para modificar la Ley de Memoria Historia y reparar jurídicamente a las víctimas del franquismo, anulando las sentencias que dictaron sus tribunales. 

En la exposición de motivos, alegan que esa ley pretendía «abrir una nueva etapa en la reparación y reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y el franquismo», pero la experiencia ha demostrado que «se quedó corta» y que esa reparación es aún una «cuestión abierta para el Estado español». 

Una prueba reciente de ello, aseguran, ha sido la aprobación por unanimidad en el Parlamento de Cataluña de una ley que anula las sentencias políticas de la dictadura dictadas en territorio catalán, autorizando al Archivo Nacional de Cataluña a elaborar y publicar una lista de procesos y sentencias. 

Explica el PDeCAT que esa ley se inspiró en el Memorial Democràtica, una institución cuya misión es «la recuperación, la conmemoración y el fomento de la memoria democrática, poniendo en el centro de su actividad la dignidad de la persona, los valores democráticos y el respeto para los derechos humanos para que no se vuelva a repetir ni aquí ni en otro sitio este tipo de hechos y rememora la lucha antifranquista y la transición democrática hasta las primeras elecciones en el Parlament de Catalunya». 

ANULAR SENTENCIAS

En octubre de 2015, el Memorial condenó la dictadura franquista y pidió la nulidad del juicio al presidente de la Generalitat Lluís Companys y del resto de procesos, resoluciones judiciales y administrativas contra los represaliados. 

El texto subraya que las familias de las víctimas del franquismo llevan años luchando con asociaciones para la localización de fosas comunes, la recuperación de los restos de los desaparecidos, la anulación de sentencias y el acceso a archivos y otras fuentes documentales. Consideran necesario tener en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU y por el relator especial, que denunció la «gran distancia» entre las víctimas y la mayor parte de las instituciones estatales. 

El relator, recuerdan, propuso identificar los mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo. Con el ejemplo de Alemania, apuntan que se trata de aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y el Convenio para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

A la vista de todo ello, proponen modificar el artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica para declarar «la ilegitimidad y nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones». 

TRIBUNAL DE LA MASONERÍA

En otro apartado, proponen especificar que, «por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad y nulidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa». 

Finalmente, proponen declarar «ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución». 

La propuesta incluye una disposición adicional para que, en el plazo de seis meses posteriores a la aprobación de la reforma, el Gobierno presente un informe sobre la implementeación de la ley y su uso por parte de las víctimas para ajustar los modelos y medidas a sus reclamaciones, estableciendo canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y las asociaciones. 

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