La Abogacía del Estado avaló la marcha del 20N tras la promesa de la organización de acatar la Ley de Memoria

Los servicios jurídicos recordaron que el «contenido esencial del derecho fundamental de reunión» quedaba al margen de las «previsiones» de la norma memorialista en relación a los «actos públicos contrarios a la memoria democrática»

En su solicitud, según ha podido saber infoLibre, tanto el Movimiento Católico Español como Falange se comprometieron a que no se transgredirían ninguno de los artículos de la Ley de Memoria Histórica

La norma castiga con entre 10.001 y 150.000 euros la «exaltación personal o colectiva» del golpe de Estado, la guerra o la dictadura, así como de sus protagonistas.

La nueva Ley de Memoria Democrática no ha conseguido frenar los homenajes a la dictadura en el primer 20-N tras su entrada en vigor. A lo largo del fin de semana, decenas de personas han marchado y se han concentrado en la capital para recordar al dictador, Francisco Franco, y al fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Lo han hecho como siempre: entonando el Cara al Sol, haciendo el saludo fascista y exhibiendo banderas con el Águila de San Juan. Los actos, sobre los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido ahora poner la lupa, fueron autorizados por Delegación del Gobierno después de que la Abogacía del Estado diera su beneplácito. Y contaban con el compromiso de los organizadores, según las fuentes consultadas por infoLibre, de respetar «en todo momento» la norma memorialista.

A diferencia de lo sucedido en ocasiones precedentes, este año los actos ultras convocados para conmemorar el fallecimiento de Primo de Rivera y del dictador –en 1936 y 1975, respectivamente– debían respetar los límites marcados en la nueva Ley de Memoria Democrática, un texto normativo que pone coto, por primera vez, a la exaltación de la dictadura y sus protagonistas. Lo hace en su artículo 62, que califica como «infracción muy grave» todos aquellos actos que «inciten» a la «exaltación personal o colectiva» de la «sublevación militar», la «guerra» o la «dictadura», así como de sus «dirigentes» o «participantes en el sistema represivo», cuando entrañen «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares». Sobre la mesa, sanciones comprendidas entre los 10.001 y los 150.000 euros.

A pesar de la entrada en vigor de la nueva norma, las formaciones ultras Falange Española y Movimiento Católico Español comunicaron a la Delegación del Gobierno en Madrid su intención de celebrar distintos actos para conmemorar el 20-N. El primero organizó una marcha por las calles de la capital que acabó desembocando en el Valle de Cuelgamuros. El segundo, una concentración en la Plaza de Oriente, donde Franco se daba los baños de masas durante la dictadura. Delegación dio luz verde a ambas, aunque recordando a los organizadores los límites marcados en la normativa memorialista. Lo hizo pocas horas antes de que la primera misa en honor a Franco finalizase con brazos en alto entonando el Cara al Sol. Un anticipo de lo que estaba por venir el fin de semana.

A pesar de los incidentes registrados durante el fin de semana, desde el órgano que representa al Ejecutivo en Madrid aclaran a este diario que no podían impedir los actos. Al fin y al cabo, como recuerdan algunos constitucionalistas, «la prohibición preventiva no cabe en nuestro orden constitucional». «Solo se puede hacer cuando hay razones fundadas de que se pueden producir alteraciones del orden público que afectan a personas o bienes», explican desde Delegación del Gobierno. De hecho, eso ha sido justamente lo que ha alegado la subdelegación en Alicante para no permitir el próximo sábado una marcha homenaje a Primo de Rivera en la ciudad valenciana. Una decisión que ha tomado con un informe de la Policía Nacional sobre la mesa y con el recuerdo del destrozo que se hizo el año pasado tras un acto falangista similar de una placa de homenaje a las víctimas de los bombardeos franquistas.

La Delegación del Gobierno en Madrid, antes de pronunciarse, decidió pedir consejo a la Abogacía General del Estado. Los servicios jurídicos dieron su visto bueno a la celebración de los actos. Lo hicieron a través de un informe de poco más de una veintena de páginas en el que, según fuentes conocedoras del contenido del mismo, se resaltaba que el «contenido esencial del derecho fundamental de reunión» quedaba al margen de las «previsiones» que la norma memorialista contiene en relación a los «actos públicos contrarios a la memoria democrática». El documento, además, insistía en que «la prohibición o modificación de una manifestación comunicada» solo puede adoptarse «cuando concurran los requisitos de riesgo de alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes».

«Tomar medidas necesarias» para el cumplimiento de la ley

Unos requisitos cuya concurrencia, completaba la Abogacía, no se desprendía de la «literalidad» de la «comunicación recibida». Tanto los actos del Movimiento Católico Español como los organizados por Falange Española tenían la normativa memorialista en el punto de mira. Sin embargo, los dos partidos se comprometieron en sus solicitudes de manifestación cursadas a respetar los límites marcados por la Ley de Memoria Democrática. Así, según ha podido saber este diario, en la del primer partido se dejaba claro que no se transgredirían «ninguno de los artículos» de la norma, mientras que Falange prometía «tomar las medidas necesarias» para evitar que se produjeran ninguna de las infracciones contempladas en el texto que entró en vigor hace apenas un mes.

Los falangistas dieron desde el primer momento algunas instrucciones a los asistentes. Así, les pidieron que no llevasen «banderas y pancartas», comunicando que solo estarían permitidas las repartidas por los organizadores. Además, solicitaron que no improvisasen, que solo apoyasen «las consignas y cánticos» que se lanzasen por la «megafonía de la organización» y que invitasen a los medios en todo momento a dirigirse «siempre» a los miembros de la organización. Eso no impidió, sin embargo, que durante el acto, en el que participaron grupos de la extrema derecha francesa o italiana, pudieran verse saludos fascistas o se entonase a pleno pulmón el Cara al Sol. Escenas que se repitieron, durante la mañana del domingo, en la Plaza de Oriente, donde también se agitaron banderas franquistas.

El Gobierno ya tiene el ojo puesto en estos y todos aquellos actos en los que se hubieran podido cometer conductas contrarias a la normativa memorialista. De ahí que haya decidido abrir expedientes sancionadores a todas aquellas personas y organizaciones que protagonizaron gritos, gestos o cánticos que pudieran encuadrarse dentro de ese enaltecimiento del golpe de Estado, la guerra o la dictadura al que se pretende poner fin con la Ley de Memoria Democrática. En este sentido, se han solicitado a todas las delegaciones del Gobierno los vídeos, atentados y pruebas de todas estas conductas, que pueden ser castigadas con entre 10.001 y 150.000 euros. «La España actual se basa en nuestra Constitución y en los valores democráticos que garantizan la convivencia en libertad», han señalado fuentes del Ministerio de Presidencia.

https://www.infolibre.es/politica/abogacia-dio-visto-bueno-celebracion-marchas-franquistas-20-n_1_1368397.html