La memoria histórica se debate más allá del PSOE

Cuaqua convoca a representantes del BNG, ERC, CUP, UP y Bildu para tratar las diferentes leyes relacionadas con el avance democrático del Estado español

100 horas de memoria. Así ha llamado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) las jornadas que han organizado en la madrileña Escuela Popular de La Prospe y en la que diversos partidos políticos han esgrimido sus argumentos, de crítica y de mejora, de las actuales leyes que frenan la llegada de una plena democracia al Estado español, a tenor de lo expresado por diferentes organismos intelectuales. La Ley de Memoria Democrática, de Secretos Oficiales, y la de bebés robados han centrado un debate en el que el PSOE ha sido el gran ausente. La formación de Pedro Sánchez ni siquiera ha respondido al requerimiento del colectivo para participar en la conversación.

«El franquismo está embutido en el régimen jurídico español actual», ha asegurado Carlos Babía, del BNG

Carlos Babía, del BNG, ha sido el primero en tomar la palabra. Su primera declaración resume bien lo expresado después por la totalidad de los interventores, procedentes de la CUP, ERC, UP y EH Bildu. «El franquismo está embutido en el régimen jurídico español actual«, ha comenzado a decir. Sobre el actual proyecto de ley de Memoria Democrática, el gallego ha expresado que «no resuelve lo más simbólico, que es la verdad, la justicia y la reparación». Asimismo, ha afirmado que una de las prioridades de las enmiendas presentadas por su partido radica en no igualar a víctimas y verdugos, como sucede en el texto que se sigue debatiendo, según su perspectiva.

«Estamos comprometidos con una ley que resuelva, que dé soluciones, y que no meta al movimiento memorialista en un conflicto permanente», ha cerrado su intervención. En este sentido, Mireia Vehí, de la CUP, ha esgrimido que la actual propuesta de Ley de Memoria Democrática «no enmienda la Ley de Amnistía de 1977», y ha hecho alusión a la votación que se produjo en el Congreso hace unos días sobre la reforma del Código Penal que podría abrir la puerta a investigar los crímenes franquistas y que, finalmente, no se aprobó.

«El Gobierno tiene la mayoría parlamentaria para ir más allá, acabar con el franquismo fáctico, tan presente en la alta magistratura y las comandancias de Policía y el ejército», ha explicitada esta diputada catalana. En este sentido, Paco Gracia, por UP, ha recalcado la enmienda que acordaron añadir al debate junto al PSOE y que, si sale adelante, obligaría a la magistratura a interpretar todas las leyes del Estado español a través del derecho internacional, es decir, que los crímenes franquistas no prescribieran. Bel Pozueta, en este sentido, ha respondido que «esa enmienda no es garantista, ni ningún hito, pues el PSOE defiende el régimen de impunidad y frena cualquier avance democrático».

Compensación económica

El debate, guiado por la periodista Ter García de El Salto y un colaborador de Público, también se ha centrado en la reparación hacia las víctimas de la dictadura. Manuel Pérez, de ERC, ha apuntado que «los herederos de los trabajadores que construyeron pantanos y el Valle de Cuelgamuros contra su voluntad tienen derecho al resarcimiento». El catalán también se ha referido a la postura que el PSOE está teniendo en este aspecto: «Se olvidan de que una gran parte de fusilados y represaliados por el franquismo formaban parte de su partido políticos». Pozueta, además, se ha referido a la riqueza que la Iglesia Católica atesoró durante la Guerra Civil y la dictadura, otro ámbito que apenas aparece en la Ley de Memoria Democrática.

La Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968 y mínimamente retocada en 1977, ha saltado a la palestra como una de las grandes fortalezas que el régimen de Franco, y los responsables y participes del mismo, tienen en la actualidad. Se trata de otro de los textos paralizados en el Congreso, cuyo plazo de enmiendas se ha ampliado hasta en 70 ocasiones. Es una ley que reconocidas organizaciones internacionales han censurado: «La importancia, muchas veces, no tiene que ver tanto con los procesos que se terminan, sino con el doble rasero de la justicia. El planteamiento es alargar el proceso, sin desclasificar esos documentos nunca, pero también sin tener que explicar a la comunidad internacional el papel de la monarquía española en hechos como el golpe de Estado del 23-F», en palabras de Vehí.

Ella misma ha defendido que la postura mantenida por partidos como el PSOE, el PP y Vox, son violencia institucional, y así lo ha explicado: «Quizá el paradigma tiene que empezar a ser ofensivo. El reconocimiento, la reparación y las garantías de no repetición están bien cuando se habla el mismo idioma, pero no es así. Estos partidos políticos tendrán que responder, porque no solo es culpable el que te agrade sino el que se queda mirando cómo lo hacen. Es una violencia que están ejerciendo ahora y sufrimos ahora».