La iniciativa para una ILP y una proposición de ley del PSOE figuran en el calendario del próximo año para la mejora de la normativa aprobada bajo el gobierno de Zapatero.
NUEVA TRIBUNA | 19-12-2017
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ‘El último paso’ arrancó en 2017 con la recogida de firmas por toda España para impulsar la reforma de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.Impulsada por el abogado Eduardo Ranz, la ILP fue admitida a trámite por el Congreso el 1 de diciembre de 2016 y en enero del próximo año se acaba el plazo para la presentación de firmas, que la ley fija en 500.000.
Este lunes, el secretario general de UGT Madrid,Luis Miguel López Reillo, quiso dar su respaldo a esta iniciativa con un encuentro junto con Eduardo Ranz en el que se denunció la falta de voluntad política por parte del Ejecutivo del PP en la búsqueda de desaparecidos: unas 115.000 víctimas del franquismo que se encuentran enterradas en cunetas y fosas comunes.
Para UGT Madrid “la interpretación actual de la Ley de Amnistía, junto con la ausencia de delito autónomo de desaparición forzada, y la falta de Ley de acceso a archivos, garantizan la impunidad a todos los casos de desapariciones forzadas”. Por ello, el sindicato defiende que “para realizar un completo ejercicio de la verdad es fundamental el pleno acceso a archivos relacionados con la memoria histórica, tanto públicos como privados, militares y eclesiásticos, actuaciones legales, acceso a la Justicia en materia de exhumaciones y retirada de simbología de exaltación de la Guerra civil y la dictadura”.
Medidas todas estas que también se incluyen en la proposición de ley presentada por El PSOE en el Congreso el pasado viernes y que incluye la nulidad de todas las resoluciones, penas y sanciones impuestas por el régimen franquista; la exhumación de Franco del Valle de los Caídos; el acceso a los archivos estatales; la creación de una Comisión de la Verdad, la retirada de toda la simbología de exaltación franquista; exhumación de fosa, creando un banco público de ADN para facilitar la identificación de las víctimas y un Censo Nacional de Víctimas; y la inclusión en el Estatuto de la Víctima de las víctimas del franquismo, entre otras cuestiones.
En la elaboración de la proposición no de ley que empezará a debatirse en el primer trimestre de 2018, han colaborado el propio Eduardo Ranz y el también jurista Joan Garcés; el exfiscal José Antonio Martín Pallín; la Fundación Baltasar Garzón, y los miembros de la Ejecutiva Andrés Perelló y Fernando Martínez y Odón Elorza.
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