Entre la barbarie represiva desatada por el bando franquista contra la población de Cazalla de la Sierra destaca, de forma evidente, la sufrida por el colectivo de personas que, en su momento, tomaron parte como apoderados o interventores electorales del Frente Popular durante las elecciones generales de febrero de 1936, lo cual viene a demostrar, una vez más, el odio enfermizo y encarnizado que los golpistas sentían contra cualquiera de las manifestaciones que formaban parte del proceso democrático que se había vivido durante el periodo republicano y, por ende, hacia todos aquellos conciudadanos que habían tomado parte en dicho proceso.
Dejando aparte a quienes además de ejercer tal cometido ostentaron cargos públicos en las instituciones democráticas (léase concejales, todos excepto el alcalde, además de quien fuese delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Antonio Tirado Pérez) nos encontramos con un colectivo perfectamente identificado que sufriría represalias por tal motivo. Efectivamente, según demuestran los datos obtenidos en la presente investigación, un porcentaje cercano al 70 % –del 80 % si incluimos los citados cargos públicos– de cuantos participaron en dicha consulta electoral por las distintas formaciones políticas agrupadas bajo las siglas del Frente Popular, verían abatirse sobre ellos y sus familiares la saña y la violencia de unos represores que, a la acusación de pertenencia o militancia en sus respectivos partidos sumarían, como cuestión de cargo añadida, su participación como interventores o apoderados en las susodichas elecciones.
Por una información facilitada al autor por el historiador José Carlos Martínez Gálvez conocemos que, el 14 de noviembre de 1936, el Delegado Militar Gubernativo de Sevilla en la fecha, Santiago Garrigós, solicitó mediante oficio –nº de Registro de Salida 2197– a la Junta Provincial del Censo Electoral, le fuese remitida la relación completa de los individuos que compusieron las Mesas en los Colegios Electorales de Sevilla y su provincia.
A tales efectos ésta cursaría, de manera inmediata, órdenes a las distintas Juntas Electorales locales de la provincia para que remitiesen los listados correspondientes. El 25 de noviembre, once días después, con una celeridad digna de encomio, el carlista y secretario, por aquellos entonces, del Juzgado de Instrucción de Cazalla y encargado del Registro del Censo Electoral Local, Erasto Rojas de las Heras, remitiría, mediante oficio –nº de Registro de Salida, 446–, la relación de nombres correspondiente a la localidad al presidente de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, encargado de recopilar la información para su posterior envío al delegado gubernativo.
Por los datos enviados desde el Registro del Censo Electoral de Cazalla sabemos que fueron 132 los interventores y apoderados del Frente Popular que actuaron en Cazalla durante la celebración de aquellos Comicios. El desglose de los datos recabados nos dice que veintinueve de ellos perdieron la vida: diecisiete fueron asesinados (fusilados y/o ejecutados) durante las primeras semanas y meses de terror fascista. Otros veintiocho serían procesados y condenados por los tribunales militares franquistas, una vez finalizada la guerra, a distintas penas de reclusión, seis de los cuales redimieron penas como forzados. Diecinueve más acabarían en las garras de los Tribunales de Responsabilidades Políticas. Dos saldrían del país en la diáspora del exilio. Tres acabarían siendo depurados con la pérdida de empleo y cincuenta y nueve constan como desaparecidos por esas mismas fechas, es decir, que sepamos, nunca más regresaron al pueblo ni se tienen noticias ciertas de ellos a partir de entonces.
