Pilar Díaz Romero. Una democracia se defiende con la memoria

Hace unos días el Ayuntamiento de San Fernando homenajeó a los 17 concejales de la corporación del 1936. Todos, sin excepción, fueron asesinados por el fascismo criminal que acabó con la Segunda República y con la democracia en España. Entre ellos, mi abuelo Eduardo Díaz. Todos ellos, trabajadores y servidores públicos que habían prometido defender los valores democráticos y la legitimidad de la soberanía popular. Fueron arrestados y fusilados por los militares rebeldes sublevados.

Y una democracia se defiende con la memoria. Porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y porque si no hablamos de lo sucedido, es como si no hubiese pasado. Y sí, terriblemente sucedió y tenemos la obligación de explicarlo y transmitirlo de generación en generación.

El acto de homenaje del Ayuntamiento de San Fernando a los 17 concejales represaliados es un acto de justicia y reparación después de 85 años, que debe abrir el camino a otros consistorios. A ellos los señalaron y los ejecutaron por ser trabajadores, progresistas, por representar al pueblo que los había elegido y porque suponían un peligro para sus planes de sometimiento. Fueron los primeros, pero después vinieron muchos más. Miles. Sin duda alguna, el franquismo mató metódica y planificadamente. No fue fruto del fervor ni del arrebato. Sus asesinatos fueron orquestados con premeditación, utilizando el método y el terror.

Además pretendieron silenciar a los vencidos. Fue tanto el terror y el dolor que infringieron, que durante décadas no hemos sabido nada. En La Isla, como en tantos otros lugares, después de tantas atrocidades cometidas en tan poco tiempo, se impuso el silencio. Un silencio que ha impedido a las familias que conociéramos en detalle los acontecimientos y reconociéramos a los nuestros. Un silencio que hoy se combate arrojando luz sobre lo que verdaderamente pasó y sobre quién era quién. Escribiendo la historia ocultada durante demasiados años. Ejerciendo el derecho a la memoria histórica, una política de Estado.

La memoria democrática proporciona elementos para la reflexión y resarce el anhelo de reparación moral y emocional de las víctimas represaliadas. Hablamos de dignificación y de justicia. Llegados a este punto, cualquier trabajo de investigación para poner negro sobre blanco o cualquier reconocimiento será incompleto mientras las familias no encontremos los restos de nuestros seres queridos para poder darles el descanso que se merecen. Apelamos a las autoridades competentes a acelerar los trabajos de exhumación de las fosas comunes. Y no, no estamos tratando de impedir la reconciliación ni de reabrir viejas heridas, sino todo lo contrario, de cerrarlas. Y ello no ocurrirá hasta que todos, sin excepción, encontremos a los nuestros, para que el duelo no lo herede otra generación más.

Es de justicia resarcir la memoria de quienes perdieron de la noche a la mañana todo lo que tenían, incluso la vida, por no claudicar ni doblegarse en ningún momento. Sus historias son historias de dignidad y su memoria nunca será borrada ni manchada por el franquismo y sus herederos. Orgullo, honor y memoria.

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