PSOE y Podemos pactan un Centro de la Memoria para «la dignidad» de las víctimas de la Transición

Los partidos del Gobierno enmarcan su creación en la Ley de Memoria Democrática. Fuentes de Podemos señalan que se asemejará al ESMA de Buenos Aires

Publicado 24/01/2022 04:45

Un Centro de la Memoria Democrática «para salvaguardar la dignidad» de las víctimas de la Guerra Civil, el régimen franquista y, también, la Transición. Ese es uno de los objetivos que se han marcado PSOE y Podemos en la Ley de Memoria Democrática, que debe pasar próximamente por una ponencia que evalúe sus enmiendas. En las enmiendas publicadas en el boletín de las Cortes Generales no se especifica la época en la que este nuevo organismo público «salvaguardaría la dignidad de las víctimas», pues se desquita el tema con un ambiguo «violaciones de derechos humanos sucedidas en el pasado en España«.

Fuentes de Unidas Podemos han aclarado a Vozpópuli a qué etapas históricas se dirige este nuevo centro, y no son otras que «el golpe de estado franquista, la Guerra Civil y la dictadura, más el período de la Transición, tal y como se ha acordado en la disposición adicional pactada entre UP y PSOE». Sigue sin estar claro a qué hechos concretos de la Transición se referirá el Centro de la Memoria, ni a qué víctimas concretas de este período.

En cuanto a las funciones de este organismo público, explican desde el grupo político morado que no va a ser un «Centro Nacional» al uso, «sino un Centro de Memoria de carácter estatal que pueda coordinarse en red con los que existen o puedan crearse en el futuro en otras comunidades autónomas. Se trataría de un centro memorial de titularidad pública que tendría un carácter similar a los existentes en la ESMA de Buenos Aires o el que existe en Bogotá«.

Las enmiendas recogidas apuntan que el centro servirá también para promover «la memoria democrática de los derechos humanos y los valores democráticos en el marco de un impulso universal a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición». Se garantizará la participación de las víctimas de la guerra y la dictadura, «atendiéndose asimismo a las recomendaciones y propuestas del Consejo de la Memoria Democrática«.

«La denominación es importante porque da una idea más ajustada de lo que pretende la Ley: No establecer una versión oficial de lo sucedido durante el golpe de estado, la guerra y la dictadura, sino una visión desde las víctimas de la represión, con un carácter interactivo y participativo. Por eso son fundamentales los mecanismos de participación social que, una vez aprobada la ley, se desarrollen reglamentariamente», matizan desde partido morado.

Podemos insiste, por tanto, en que este centro no impondrá ninguna versión oficial de la Historia reciente de nuestro país. Entre las actividades que llevará a cabo, señalan que deberá contemplar un espacio para una exposición permanente y una programación acordada en el Consejo de Participación que se cree con la Ley.

¿Ubicación fuera de Madrid?

Según fuentes cercanas al proyecto, la propuesta es erigirlo «en un lugar significativo de Memoria, tal y como se definen en la propia ley, como una forma de cumplir con los principios del derecho internacional de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición». Uno de los puntos propuestos fueron unos terrenos de Carabanchel, pero se plantea la opción de que se instale en una localidad fuera de Madrid, ahondando en la descentralización de defendida por el Ejecutivo.

Su financiación correría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dentro de la partida de políticas de memoria. La partida de Memoria Democrática cuenta con una inversión de 11,8 millones de euros tal como se establece en los presupuestos de 2022, pero no se especifica cuánto se destinará a poner en marcha este ente.

Solo dos partidos políticos han presentado enmiendas a la totalidad a la Ley de Memoria Democrática, Vox y Esquerra Republicana. Vox considera que este proyecto rompe con el espíritu de la Transición y es un intento de reescribir la Historia, mientras que para ERC la norma se queda corta en sus propósitos de denuncia y condena del franquismo.