- El Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 destina uno de cada tres euros a los recusos humanos que gestionan la ejecución del mismo, denuncia la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática
Suelas de zapato y restos óseos en la tumba de los mineros en Nerva (Huelva) Juan Miguel Baquero
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El Plan Anual de Memoria Democrática para 2020, el primero de carácter anual que se pone en marcha desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en 2017, acaba de superar el trámite de información pública. El proyecto, que es también el primero que aborda íntegramente el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, no es del gusto de víctimas, familiares y asociaciones de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática. “El plan nace muerto”, consideran. Varias son sus razones, pero lamentan que la administración mantenga “cero interlocución con las víctimas”. “Siguen sin contestar a nada, ni por escrito ni peticiones de llamada, nada”, apuntan a este periódico fuentes de la coordinadora, que ha presentado un escrito de alegaciones al mencionado plan.
Hace ocho meses, el plan 2020 echó a andar. Antes, en 2019, el primer presupuesto andaluz de PP y Cs prorrogó, casi calcadas, las cuentas para memoria histórica del anterior gobierno del PSOE. Para el presente año, la partida para este plan anual de memoria ascendía a 1.597.354 euros, si bien con las aportaciones al Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19 se ha quedado reducido a 1.177.826,92 euros, según contempla su memoria económica justificativa.
En dicho importe se incluye el dinero para todo el personal destinado en el Comisionado para la Concordia, que es de 372.154 euros. En las alegaciones, la coordinadora andaluza denuncia esta circunstancia y apunta que “uno de cada tres euros se invierten en los recursos humanos que gestionan la ejecución directa o indirecta del plan”. “El plan nace muerto teniendo en cuenta que se aprueba pero tiene tantas modificaciones presupuestarias recortando partidas que no se va a llevar a cabo. ¿Para qué lo aprueban entonces?”, se preguntan fuentes de la coordinadora, que apuntan que las ayudas a investigación y homenajes han quedado “fulminadas” y “la convocatoria de ayudas ni siquiera han sido capaces de resolverla”.
275.672 euros para localización y exhumación de victimas
Entre los objetivos del plan está, por otra parte, la actualización del inventario de Lugares de Memoria, la valoración y ordenación de las solicitudes de nuevas inscripciones, la adecuación de las nuevas inscripciones y la aprobación de la Orden por la que se crea el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a las políticas de concordia y su puesta en funcionamiento, de la que está pendiente, entre otros “símbolos”, la presencia de los restos del general Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Macarena en Sevilla.
Para la coordinadora, el impulso del reconocimiento de los lugares de memoria responde a una intervención directa de la Consejería de Cultura. “La ejecución, que no los trámites administrativos del procedimiento legalmente establecido, del resto de acciones, será objeto de encargo a terceros”, opina en las alegaciones al plan. En ese sentido, están previstos 2.550 euros para ese apartado concreto. “No declaran lugar de memoria, ni siquiera tramitan el expediente en los edificios de la Junta. Es tan fácil como tramitarlos y poner una placa en la fachada”, lamentan desde la coordinadora, que denuncia que faltarían “tres años” para concluir la tramitación de seis lugares de memoria, entre los que se encuentran el edificio de la capitanía general de la Gavidia de Sevilla, sede del área de Justicia de la Junta, y el Palacio de la Aduana de Málaga, sede del Museo de Bellas Artes.
Del resto de partidas destacan 645.922,92 euros para reconocimiento institucional y reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo (275.672,92 euros para localización y exhumación de victimas, y 370.250 euros para la identificación de víctimas y mantenimiento del banco de datos de ADN), o los 157.200 euros para cooperación y coordinación con las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía. A cero se encuentran ‘otros gastos corrientes’ para edición de publicaciones, información, divulgación, publicidad, reuniones, conferencias y cursos.
Andalucía, la región más castigada en España por la violencia extrema golpista, suma al menos 45.566 víctimas en 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas. El Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 tiene aún que recabar los informes preceptivos y, posteriormente, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico formulará una propuesta definitiva del plan, que elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación mediante acuerdo.
