cecilio

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estudia estos días en la Universidad de León los restos óseos recuperados el pasado mes de febrero en el cementerio de Villadangos del Páramo (León). El estudio antropológico, aun sin completar, ha podido determinar que al menos uno de los individuos hallados fue víctima de una muerte violenta, a razón del impacto de proyectil que se ha podido observar en el parietal izquierdo del cráneo. “Tenemos un orifico de entrada de bala de nueve milímetros, perteneciente a un arma corta, de una pistola”, confirma la antropóloga forense, Laura González Garrido, voluntaria desde 2015 en la asociación memorialista y encargada de estudiar los restos hallados.

“Durante la excavación también se encontraron evidencias balísticas propias de una ejecución”, añade el vicepresidente de la ARMH y director de la excavación, Marco A. González Carrera. Las balas de ojiva de arma corta halladas en la fosa, según comenta González Carrera, corresponderían a proyectiles propios de las pistolas que las autoridades o el “ejército golpista” usaban en ese momento, como la Astra 400.

Con el estudio de la segunda víctima en laboratorio se ha localizado otro proyectil de 9 mm dentro del cráneo, aunque aún por determinar si se trata de una bala disparada hacia este individuo, todavía por identificar, o “contaminada” de un cuerpo cercano, ya que por el momento no se ha encontrado orificio de entrada a consecuencia de la “degradación de los restos”. “Se trata de un individuo que, no obstante, está por estudiar”, aclara la antropóloga forense.

El cementerio de Villadangos del Páramo estaría construido sobre una antigua laguna, lo cual explica el estado de degradación de los restos óseos recuperados por la asociación memorialista. “La humedad y que la tierra es arcillosa ha derivado en una conservación de los huesos malísima. Un hecho que dificulta la identificación por ADN”, explica González Garrido.

En los años 60 esta zona también se vio sometida a cambios bruscos tras la ampliación del camposanto, cuando se produjeron importantes movimientos de tierra para igualar los terrenos colindantes. Estas obras trajeron consigo el derribo del muro sur del cementerio tras el que se comenzaron a construir panteones sobre la fosa de la que sin duda el pueblo era consciente y no respetó. No hay constancia de planos ni documentos públicos de los trabajos de construcción y remodelación debido a que el terreno sobre el que se edificó pertenece a la Parroquia y no a una propiedad pública adquirida por el Ayuntamiento.

85 años, tres generaciones y un referéndum

La ARMH ha logrado romper con el silencio en el páramo leonés tras la localización de restos óseos que podrían pertenecer a diez personas detenidas y fusiladas por el bando sublevado entre septiembre y noviembre de 1936, siendo octubre el mes más sangriento con 50 víctimas. Se estima que en el cementerio de Villadangos del Páramo habría hasta 71 personas inhumadas en fosas comunes, aunque podrían ser más, en veinte enterramientos distintos, según el vicepresidente de la asociación, Marco González. Con lo que este primer hallazgo supondría la recuperación de más del 10% de los cuerpos y la certeza de que el pueblo siempre supo de la existencia de las fosas.

“Se han encontrado más de lo esperado teniendo en cuenta que el pueblo no respetó las fosas”, suspiraba la periodista y activista por la Memoria Histórica, Olga Rodríguez Díaz, quien también busca a su bisabuelo, durante las jornadas de exhumación. Santos Francisco Díaz era de Mansilla de Mulas, León. El herrador de profesión militaba en la UGT y era padre de siete hijos, lo fusilaron en 1936 con 39 años junto a cinco hombres y una mujer. Los cuerpos, según los testimonios orales y las actas de defunción, se inhumaron en el cementerio de Villadangos del Páramo.

La intervención se ha llevado a cabo tras la polémica votación celebrada en agosto de 2021 en el Ayuntamiento de Villadangos, con mayoría absoluta del PP, en la que participaron 36 personas y donde 22 se opusieron a la apertura y después de que la junta de Castilla y León anulara el voto vecinal. Poco después, Rufino Juárez, hijo de represaliado, fallecía en León. Se fue con un deseo que nunca pudo ver cumplido. El vecino de Vegas del Condado llevaba décadas buscando a su padre, también desaparecido tras su detención. En una última entrevista a eldiario.es explicaba: “Quiero intentar encontrar sus restos y enterrarlos con los de mi madre”.

Así, la ampliación del cementerio y las trabas administrativas del ayuntamiento ante la inminente apertura no auguraban una fácil intervención. Tras varios sondeos negativos en la zona donde antiguamente se encontraría la tapia sur del camposanto aparecieron los primeros signos de enterramientos no ordinarios junto a elementos personales como peines, un espejo, unos gemelos y calzado. “Los típicos elementos que se pueden asignar a una persona que fue detenida en su casa y recluida unos días en el Campo de concentración de San Marcos”, asegura el responsable de la excavación, Marco González.

La Guerra en León

En la ciudad de León no hubo batalla, y la Guerra apenas duró unos días antes de que los sublevados se hicieran con el control total. En ese breve periodo de tiempo se registraron enfrentamientos entre mineros asturianos y leoneses y los guardias. Por lo contrario, en la mayoría de los pueblos de la provincia de León, el golpe de estado triunfó casi de inmediato, “después de haber aplastado los escasos brotes de resistencia planteados por columnas obreras improvisadas”, apuntan los autores de la investigación La Guerra Civil en Castilla y León: ensayo general para la dictadura franquista, Severiano Delgado, Mari Luz de Prado y Santiago M. López.

“Hablamos de que muchas de estas personas que eran apresadas lo fueron porque eran afines a la república —se significaban con la república— y lo decían abiertamente. Esas personas son las que en León fueron fusiladas, por ser de izquierdas, por ser republicanos, por ser de sindicatos como la UGT, por ser alcaldes, maestros afines a la república”, reivindica Laura González.

En el otoño de 1936 los desafectos a la causa nacional fueron sacados de sus casas y reclutados en el Campo de Concentración de San Marcos y otras prisiones de la zona. Todos fueron fusilados sin juicio ni sentencia, escondidos después, convirtiéndoles así en desaparecidos de la Guerra Civil. “El modo de actuar de los golpistas consistió en fusilarlos en otros pueblos donde no los conocían para evitar su identificación y añadir más dolor a la desaparición”, expresa González Garrido.

“La intención de los asesinos era ocultar esos cuerpos, hoy no sabemos si alguno pudo quedar en el monte de Villadangos”, cuenta el vicepresidente de la ARMH. El monte de Villadangos, junto a la N-120, sirvió de escenario de fusilamientos en 23 días distintos. Después, los vecinos de la zona, en forma de “voluntarios obligados” se encargaron de trasladar los cuerpos y enterrarlos en el cementerio de la localidad. “En el momento de enterrarlos, el juez, allí presente, hacía por escrito el acta de defunción. Si le conocía decía nombre, edad, pueblo, estado civil, número de hijos y describía la ropa. Si no le conocía, ponía desconocido, estimaba la edad y describía la ropa. Se convirtieron en cadáveres, sin nombre, sin identidad”, expresa González Garrido.

En la búsqueda silenciada de estas víctimas, muchos familiares llegaron a Villadangos como consecuencia de una serie de casualidades. “A veces el compañero de celda podía oír donde se los llevaban. Otras veces esta trama quedaba en listados de decenas de víctimas de las que se desconoce la localización de su posible enterramiento”. Un claro ejemplo es la saca de jóvenes de entre 25 y 35 años de Alija de los Melones, hoy Alija del Infantado, de los que no se han encontrado familiares. De otro modo, algunas de las víctimas “desconocidas” fueron identificadas años más tarde por sus familiares o allegados, a consecuencia de las descripciones que el juez Pedro Arias hizo de los cadáveres. Algunos testimonios de la época también apuntan al cura de Villadangos y al alcalde del pueblo en la realización de estas fichas.

“Entre la documentación que hay en el ayuntamiento donde constan los desaparecidos están descritas las ropas que, por características concretas de las descripciones que dieron, creemos que eran de él”, comenta Begoña Chacón Honrado, nieta del desaparecido José Honrado Jánez. El paisano era comerciante de vinos, agricultor y ganadero, estaba casado y tenía cuatro hijos. Lo fusilaron el 22 de octubre de 1936 en Pozo Mulgar tras su detención a la altura de Villamañán, después se cree que lo inhumaron en Villadangos. “Mi familia no sabía nada, únicamente que ese día marchó con la bicicleta y jamás regresó”, recuerda Chacón.

“Sabíamos que estaba en Villadangos porque mi padre vino alguna vez a hablar con el cura que estaba aquí y encontró pistas que por las fechas cuadraban, pero la certeza al 100% no la tenemos”, cuenta Juan Pablo Álvarez-Prida, nieto de Francisco Álvarez-Prida, desaparecido en los primeros meses de la Guerra después de pasar por el Campo de Concentración de San Marcos. “Lo detuvieron en León en octubre del 36 cuando se iba a marchar a Japón a enseñar castellano”, indica su nieto.

Una fosa inacabada

Las labores de exhumación en el cementerio de Villadangos concluyeron con la confirmación de la existencia de más cuerpos debajo de los panteones adyacentes a la zona intervenida que no corresponderían a enterramientos comunes. “No pudimos analizar ni estudiar esos cuerpos”, expresa la antropóloga forense. A pesar de las indicaciones de la continuidad de la fosa, la misma se selló tras la negativa de las familias propietarias de los nichos y del Ayuntamiento de la localidad para ampliar el área de intervención con motivo de la búsqueda de las víctimas, alegando que las sepulturas podrían sufrir daños.

“En la junta vecinal se daba más importancia a que rompieran una losa que a la búsqueda de nuestros familiares”, apunta la nieta del represaliado y desaparecido José Honrado. Esta decisión institucional limitó las pesquisas a la zona de paso entre tumbas. El artículo 14.3 de la ley de Memoria Histórica de 2007 hace referencia a que las Administraciones Públicas “podrán optar por la ocupación temporal” de los terrenos de titularidad privada si no se consigue “el consentimiento de los titulares de derechos afectados, siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideración de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnización a cargo de los ocupantes”.

“Desde chaval he venido a entierros, entonces un señor me llamó y me dijo mira aquí están enterrados los fusilados. El pueblo lo sabía”, cuenta Melchor García Delera, vecino de Santovenia de la Valdocina y presente en las labores de exhumación. “Lo más doloroso es saber que la gente del pueblo era consciente de la ubicación de la fosa cuando se hizo la ampliación del cementerio y que aun así se permitiera la construcción de panteones encima de las víctimas”, añade Begoña Chacón. “Estuve en la junta vecinal que se hizo y me quedé paralizada porque no daba crédito a lo que estaba escuchando. Incluso desprestigiar a la Asociación y decir que viven de subvenciones. Fue vergonzoso”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica trabaja con personas voluntarias desde la investigación previa a la apertura de una fosa hasta la excavación, exhumación y estudio de los restos, externalizando el análisis genético a un laboratorio homologado. La misma, subvenciona sus intervenciones a través de las cuotas de socios y donaciones de personas anónimas afines a la causa, con la única excepción de los familiares de las personas represaliadas, víctimas también, quienes consideran no deberían costear, bajo ningún concepto, la búsqueda y recuperación de sus seres queridos.

El procedimiento, dependiendo de si el estudio antropológico y los análisis genéticos logran identificar a las víctimas recuperadas en el cementerio de Villadangos del Páramo, todavía es incierto. “Las familias, en cualquier caso, decidirán qué se hace”, aclara la antropóloga forense. La negativa del Ayuntamiento a una nueva intervención en el camposanto convierte a estas diez víctimas en el símbolo de la lucha de un pueblo durante 85 años para desenterrar su historia, representando estos cuerpos a todas las personas víctimas del golpe de Estado asesinadas en Villadangos. La ARMH busca ahora intervenir en las zonas aledañas a los escenarios de fusilamiento en la búsqueda de alguna pista que los lleva hasta las víctimas que pudieron ser abandonadas y enterradas en ese mismo lugar, como El Monte, Camino de Sortija y Pozo Mulgar.